El temor, la zozobra y la preocupación aun mantiene en vilo a muchísimos tucumanos, después de la tragedia social que explotó entre lunes y martes en la provincia en las manos del Gobierno tucumano.
El pánico de cientos de vecinos, alimentado ayer en gran medidas por versiones antes que por evidencias, no ha podido retirarse del cuerpo y del ánimo, en gran medida porque la ciudadanía sintió en carne propia -en sus negocios o viviendas, en el barrio y entre sus familias- los graves riesgos que generó el abandono del servicio público policial y el oportunismo temerario y dramático de grupos vandálicos que han venido “normalizando” sus prácticas delincuenciales.
Por poco más de 48 horas pareció haberse instalado una nueva versión de la ley en la provincia; mejor dicho, la contingencia de los saqueos y la rebelión policial sacó a relucir aspectos que la racionalidad y los avances de la civilidad y las constituciones lo han resuelto hace siglos: el robo, el acto de robar no constituye un derecho y el acto de armarse con la intención de matar, armarse para ejercer la justicia por su propia cuenta, tampoco es un derecho. ¿La rebelión policial es o no virtualmente un acto de sedición?. Podría parecer absurda la advertencia, pero, ¿que fue si no eso lo que se vio con el accionar de cientos de personas asolando y saqueando comercios y de vecinos o trabajadores y dueños de comercios armados y dispuesto a todo para resguardar sus patrimonios y sus vidas? Así, el abandono por parte del Estado a una de sus funciones esenciales -dar protección y cobertura de seguridad y promover la paz- abrió paso a una dinámica social compleja y extraña en la que ondearon dramáticamente la confusión de principios, valores, legalidades y méritos.
La lenta reacción gubernamental para responder adecuadamente a la crisis policial y entender la profundida de la reacción oportunista de esos grupos mayoritariamente marginales o desclasados que tomaron por asaltos comercios y viviendas es también la otra cara de este trance. Pero ha sido evidente también que la administración provincial estuvo detrás de los acontecimientos y que no interpretó el humor y el ánimo colectivo (¿no disponía de evidencias o relevamientos sobre la situación social o informes de inteligencia sobre la realidad policial, especialmente luego de la explosión de Córdoba?).Pero hay otra negación que estalla y nadie está haciéndose cargo: los hechos de violencia de estos días han provocado entre cuatro o cinco muertos en Tucumán; una tragedia por donde se la mire y quiera escrutarse. Este es un diciembre oscuro, luctuoso y catastrófico para muchas familias. Nadie se hecho una autocrítica respecto de las performances de estas muertes, aunque la Justicia pueda echar un poco de luz en la investigación que lleva a cabo sobre los incidentes, corresponde señalar que faltan explicaciones y respuestas y que debe aclararse este desastre cuanto antes.
La pérdida de confianza en la Policía por parte de los vecinos -en estas últimas horas aparecieron evidencias y síntomas de rechazo a la rebelión-, la protesta ciudadana contra el Gobierno y la aun reticente falta de asunción de responsabilidades institucionales y políticas agrega también incertidumbre y vacilaciones en la resolución definitiva de esta crisis. Ojalá llegue pronto el tiempo del diagnóstico y la implementación de nuevas ideas y acciones que resuelvan estas señales de retroceso sociocultural, de confusiones y desconciertos institucionales y políticos.