Al año le queda tan solo un mes. La gestión del gobernador José Alperovich ya proyectó lo que será 2014: un año en el que el gasto público se disparará un 35% respecto de el ejercicio que se acaba. El Poder Ejecutivo dispondrá de unos $ 23.000 millones para afrontar sus compromisos. Y, al menos, el 30% de esos recursos saldrán de los bolsillos de los contribuyentes. En el medio de estas necesidades financieras, esos mismos contribuyentes y sus representantes -empresarios, industriales, productores rurales- le piden al Gobierno que cese con la presión fiscal y que, de modificar el esquema impositivo, la Casa de Gobierno escuche sus posturas. Mientras tanto, ya se anunciaron que habrá aumentos en las valuaciones inmobiliarias y que también se incrementarán los mínimos del impuesto a los Ingresos Brutos.

Frente a este panorama, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, se ataja de las críticas. Dice que no es cierto que Tucumán sea una de las provincias con mayor presión impositiva y que el Estado no puede delegar sus facultades para cambiar el Código Tributario. En una entrevista con LA GACETA, Jiménez expresó, además, que la recaudación vuelve en obras y en servicios que, por definición, tienen una demanda infinita.

-¿Por qué no se citan a las entidades intermedias a debatir acerca de los cambios en la legislación tributaria?

-En ningún lugar la redacción del código es participativa. Eso está marcado por el ejercicio real del poder del Estado. Ahora bien, la Justicia es la que puede opinar y decidir si las pautas son constitucionales o no. Pero, reitero, la elaboración del código es una decisión propia del Estado. Es verdad, podemos charlas con los representantes de las entidades y, seguramente, como les dije en su momento, lo haremos antes de los próximos cambios. Pero no delegaremos facultades.

-¿Qué efecto tiene la actualización de los valores mínimos impositivos?

-Son muy pocos los que pagan el mínimo de Ingresos Brutos. Quien paga eso puede ser un verdulero, un peluquero o un zapatero, pero el resto abona por encima de los $ 100 mensuales. Todos los años se reajustan las multas. Y aún así, es un valor referencial porque la multa se aplica en función del impuesto, no del mínimo.

-Aún hay quejas acerca de la decisión oficial de avanzar con un revalúo inmobiliario generalizado...

-El revalúo es necesario porque el Inmobiliario es un impuesto a la riqueza. Y es casi lo mismo como cuando suben el precio de la nafta. Cada uno tendrá que hacer sus previsiones para pagar ny cumplir. En la Argentina, el impuesto Inmobiliario es uno de los más bajos del mundo. Si tomamos el caso de Estados Unidos, observaremos que las tasas que se aplican están relacionadas directamente con el valor de las propiedades. En Tucumán, esos valores están muy desactualizados. Y no hablo de los precios de mercado, sino de los que se toman como referencia para el cobro del impuesto, de los fiscales. Los mismos empresarios han reconocido, en las charlas que mantuvimos, que las propiedades siguen teniendo un valor más bajo. Sin embargo, argumentan que le ha ido mal y que por eso no habría que aumentarlo. Insisto el valor fiscal de los inmuebles sigue siendo bajo.

-¿Tucumán está entre los distritos con mayor presión fiscal?

-Yo diría que estamos por debajo del promedio. En materia de presión fiscal, debo decir que el problema no es de las provincias, porque todas tienen casi las mismas alícuotas. Los aumentos se perciben cuando se computan las tasas municipales y las comunales, que tienen distintos valores. Tucumán no tiene una de las presiones impositivas más altas de la Argentina.

-¿Cuál es el fin de actualizar tanto los impuestos?¿Es una decisión de tinte recaudatoria?

-De ninguna manera estamos haciendo una reestructuración integral del sistema impositivo. Sólo adecuamos algunos valores a la realidad. El tema de la mayor recaudación llega por imperio de un mayor blanqueo de las actividades sujetas a contribuir al Estado y que no lo hacen. Ese dinero que ingresa a Rentas es muy importante para atender los servicios del Estado. Y hay más servicios. Esta gestión habilitó 320 escuelas más y ha mejorado la infraestructura de la salud. Y eso no se sostiene con caramelos ni papelitos, sino con dinero que contribuyen los tucumanos. Hay tecnología sanitaria que es la envidia del sector privado. Es natural que la demanda de atención es infinita. Eso no se puede evitar y es función del Estado.

-¿Cuál es la actual situación financiera de la provincia?

-Creo que no tenemos problemas fiscales. Anunciamos el amplio cronograma salarial de fines de año para volcar al circuito comercial tucumanos no menos de $ 2.200 millones. Y eso significa más consumo porque el tucumano no ahorra y no se desendeuda. Salen a gastar como mosca a la miel durante este tiempo. Pero nadie destaca la disciplina fiscal que ha tenido esta gestión. Sí recuerdo que (el economista Manuel) Solanet lo ha hecho en una de sus visitas a la provincia, cuando expresó que Tucumán fue uno de los distritos del país que mejor administró desde 2003. Y es que la clave siempre fue la misma: no gastamos más de lo que entra y tenemos capacidad de ahorro.

-¿Pero no se sabe, a ciencia cierta, cuánto ha ahorrado la provincia durante la última década?

-Las cuentas son públicas. Y están informadas en los informes que remitimos a la Nación. Este año creemos que habrá un superávit de $ 50 millones. El que acceda al sitio web lo puede cotejar. En el ranking provincial, estamos por encima de la medida en materia de transparencia fiscal. Que tengamos previsto 2014 es un mérito del que no gozan otras provincias que piden auxilio federal para abonar salarios. Cuando esta gestión deje el poder, el que venga heredará cierta autonomía financiera respecto de la Nación. Si construimos hospitales, mejoramos y equipamos los hospitales y avanzamos con obras públicas para todos es porque la gestión Alperovich supo administrar las finanzas. Y eso no es poca cosa.