Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, tildó de corruptos a los jueces que el 11 de diciembre absolvieron a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a la joven. Uno de esos magistrados, Eduardo Romero Lascano, se tomó al pie de la letra la imputación y el viernes pasado presentó una auditoría de su patrimonio a Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), y a Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la IV Nominación.

A ambos les exigió que lleguen hasta las últimas consecuencias. "Vengo a aportar esta documentación evocando la figura de la 'vindicatio' (suerte de reivindicación) y con el fin de esclarecer definitivamente este tema. Pido que se me investigue en forma profunda y sin dejar lugar a dudas dada mi condición de juez y de hombre de derecho", expresó el vocal de la Sala II de la Cámara Penal, tribunal integrado por Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (tras la sentencia del caso "Verón", ambos renunciaron a sus cargos, pero el Poder Ejecutivo les rechazó la dimisión).

La auditoría fue encargada al contador Domingo Marchese, socio principal y fundador del Estudio Marchese, Grandi & Mesón, que revisó la manifestación de bienes y deudas; de ingresos y egresos, y de cambios en el patrimonio neto correspondientes a 2012. Romero Lascano entregó asimismo una copia del informe -certificada por la escribana pública Marta Inés Podestá- a LA GACETA.

"Comprobamos que las sumas, variaciones y conceptos expuestos concuerdan y guardan consistencia", concluyó el auditor. El estudio determinó que Romero Lascano posee una casa en Yerba Buena, y un departamento con cochera en Barrio Sur: la valuación fiscal de esos bienes asciende respectivamente a $ 140.000 y $ 52.500 (la pareja del magistrado, Margarita Beatriz Villecco, tiene una propiedad a su nombre adquirida en 2002). En su manifestación de bienes y deudas correspondiente al 31 de diciembre de 2012, el camarista declaró un patrimonio neto de $ 471.477 (el de 2011 ascendía a $ 296.962).

La versión de que los vocales de la Sala II de la Cámara Penal habían sido comprados partió de Trimarco y su círculo. La presidenta de la Fundación María de los Ángeles llegó a decir que recibió un correo electrónico donde un remitente anónimo le informaba que Rubén "La Chancha" Ale había entregado $ 2 millones a cada juez a cambio de que estos firmaran el fallo absolutorio tras 10 meses del juicio oral con mayor repercusión en la historia de los Tribunales provinciales.