¿Quiénes acompañarán a Alberto Lebbos el martes, al cumplirse los siete años del crimen de su hija Paulina? De la respuesta a esta pregunta podrían surgir ciertas conclusiones sobre la (in) seguridad en nuestra provincia, hoy en crisis por las situaciones judiciales desencadenadas a partir del fallo por el caso de Marita Verón; por el (aparente) desconocimiento de los nuevos funcionarios de seguridad de lo que hay que hacer para cambiar las cosas; por el descontento policial (tanto por el problema de sueldos como por sanciones) y por la persistencia de un programa de seguridad paralelo que crece sin pausa, empujado por un legislador oficialista (casi disidente) que encontró allí una veta de fuerte crecimiento político.

Una de las situaciones desencadenadas por el caso de Marita fue la atención de la prensa nacional sobre Tucumán como una tierra de inseguridad e impunidad. Y si hay un caso emblemático en este sentido, ese es el de Paulina: hubo un crimen, se encontró el cuerpo desfigurado de la joven, se comprobó mal manejo policial, se denunció encubrimiento, hubo revuelo político y la Justicia no hizo nada.

Por ello Lebbos ha sido entrevistado por diarios y canales de TV y buena parte de la atención nacional va a estar puesta en Tucumán el martes.

Dos casos, diferentes criterios
Pero, aunque hay amplia empatía social por su hija, él no ha logrado poner de su lado a todo el arco político, sino sólo a la oposición al alperovichismo, porque su caso cuestiona al poder político tucumano y lo acusa de encubrimiento. Cuestiona al sistema policial y judicial encolumnado detrás de Alperovich y con ello implica que toda la estructura judicial es funcional al encubrimiento.

En cambio, Susana Trimarco, que a partir de las irregularidades denunciadas en la investigación de la desaparición de Marita bien podría decir que la justicia penal tucumana hace agua, sólo acusó a los tres jueces de la Cámara que llevaron adelante el juicio y a algunos policías. No cuestiona el sistema y da su apoyo a Alperovich, el cual ha respondido haciendo todo lo que la madre de Marita ha pedido. Los próximos pasos en esta causa estarán dados por lo que haga la Corte Suprema de Justicia, que acaba de recibir el expediente del juicio.

La atención de la prensa nacional sobre el tema Lebbos ha derivado en el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos federal de conocer el estado de la causa, en el marco del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. Pero la respuesta tarda en llegar. El fiscal Carlos Albaca, acusado por Lebbos de apagar la investigación y de negarse a informar qué se ha hecho en siete años, sigue en dominante silencio. Ha iniciado los trámites para jubilarse y contestó que el ministro fiscal, Luis de Mitri, debe definir qué se hará con la causa. De Mitri, como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se mantiene inmóvil, a pesar del escándalo judicial del caso Lebbos.

Por lo demás, no parece que el padre de Paulina vaya a recibir un apoyo explícito del gobierno nacional. Desde 2008 espera que le respondan su pedido de audiencia con la Presidenta, pero ese encuentro implicaría un descalabro político para el gobierno tucumano. Lebbos ha buscado la solidaridad de las víctimas. Ha juntado a familiares de personas asesinadas o desaparecidas en Tucumán, cosechó apoyos de víctimas a nivel nacional y estuvo con familiares de la tragedia de Once. Pero no ha tenido contacto con Susana Trimarco.

Medidas post delito
El gobierno tucumano espera el remezón del martes. En silencio. Apenas ha respondido en los dos meses que han pasado desde el fallo por el caso Verón con medidas de coyuntura, fundamentalmente administrativas. No anunció ni tolerancia cero contra el delito, ni policía comunitaria, ni un programa preventivo. Sólo que se construirá una alcaidía para detenidos y que se arreglarán las comisarías, es decir que se sigue con la acción post delito.

Se pasó a retiro a 47 comisarios y se sacaron hombres de las seccionales para llevarlos a la patrulla urbana. El ministro Jorge Gassenbauer, un contador que confesó que ignora qué ocurre en asuntos de seguridad, ha buscado entender de qué se trata la Policía. Se menciona que cerca del poder rondan ex policías que vieron pasar su hora en medio de conflictos hace años en la provincia, y que siguen gravitando en las sombras desde sus empresas o negocios vinculados legalmente con el gobierno, a través de servicios de traslado o de seguridad. Ellos serían los 12 apóstoles mencionados durante una charla con la prensa en enero. ¿Dieron esos hombres las pautas de los retiros y de las promociones y movimientos?

Reglas propias
Saber qué pasa en la fuerza de seguridad se vincula con el hecho de que parece claro que la Policía tiene más poder de acción que los fiscales, para hacer y deshacer antes de que estos lleguen a la escena del crimen, y también en su presencia. No está lejano el recuerdo de "La Bruja" Reynoso, jefe de Robos y Hurtos que actuaba notoriamente por su cuenta y que hace seis años motivó un pedido de los fiscales para que fuera removido. El se fue y en ese tiempo se creó la figura de ayudante fiscal para las investigaciones, pero la burocracia y la comodidad de los funcionarios judiciales han tapado todos los anunciados protocolos. Y ahora, mientras el presidente de la Corte, Antonio Estofán, organiza reuniones de fiscales y policías en busca de coordinación y anuncia que se pondrá fibra óptica para que las denuncias lleguen directamente a los fiscales y estos sepan qué pasa, en el Ministerio de Seguridad, más pragmáticos, parecen tratar de ver cómo funciona realmente la Policía por un camino complejo.

Lo que van a encontrar ahí no es el mejor de los mundos. Acaso puedan decir que quieren hacer como Brigada A, es decir, juntar a un grupo de tipos conflictivos (considerados expertos) para delinear qué hacer. Ellos están ahí, siguen sus intereses personales y mantienen firmes sus vínculos de grupo (hace 10 días aparecieron juntos en un aviso fúnebre por la muerte de un ex juez). La sociedad discurre más allá de su existencia y sólo en la Policía su presencia ha causado alboroto. Si es cierta esta inquietud, no se sabe qué utilidad pueden tener, pero sí cabe pensar que son funcionales a un sistema que tiene sus reglas más allá de la legalidad, y que (ya sea con el caso de Marita o con el caso de Paulina) ha hecho de Tucumán un jardín de senderos que se bifurcan hacia la impunidad.

Esa impunidad es lo que Lebbos pide a gritos que se rompa ¿Quiénes lo acompañarán el martes, al cumplirse los siete años del crimen de su hija Paulina?