Tras más de 20 años en que los azucareros decidieron por sí mismos sus destinos, sin imposiciones del Estado ni cupos de producción, hoy la actividad productiva madre de Tucumán se apresta a volver a un esquema regulatorio. A partir de las 17, la Legislatura provincial tratará y aprobará una ley de ordenamiento del sector, a instancias del Poder Ejecutivo provincial que cuenta con apoyo generalizado en la Cámara y entre los factores azucareros. Sin embargo, en la letra chica del proyecto hay algunas discrepancias entre los productores de caña y entre los dueños de ingenios.

La norma declarará de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir de la caña. También incluirá medidas tendientes a abastecer el mercado interno nacional de ambos productos, en resguardo de los derechos de los consumidores. Además, prevé la estimulación de la producción de bioetanol combustible y de alcohol a partir de la caña de azúcar, en el marco de un desarrollo económico de la actividad sucroalcoholera con una producción ambientalmente sustentable. También fomentará la exportación de los saldos de azúcar y de alcohol no destinados al mercado interno a partir de un sistema de garantías para las exportaciones. Además, se creará el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) como ente autárquico, con capacidad jurídica para actuar en el derecho público y privado en el marco de los actos y contrataciones vinculados a su funcionamiento. Estará integrado por dos representantes del Estado, dos de la industria y dos del sector cañero.

Sobre la representatividad en el seno del nuevo organismo de control, la mayoría de las entidades cañeras no acepta el número de miembros en el directorio que propone el proyecto. El Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), la Unión Cañeros del Sur y Cañeros Unidos del Este exigen tener presencia concreta en el Ipaat. Pretenden que en lugar de dos representantes del sector sean ocho, dos por cada una de las cuatro entidades cañeras, incluida UCIT, a lo que se sumarían cuatro suplentes, con lo que se llegaría a 12 miembros de las entidades cañeras. En cambio, las autoridades de UCIT consideran apropiado un número reducido de representantes.

En el sector industrial también hay diferencias de criterio, en especial desde que el empresario Julio Colombres, quien administra tres ingenios en Tucumán, uno de los cuales aporta una cuota anual de alcohol al programa nacional de biocombustibles, planteó que el proyecto de ley, tal como está elaborado, generará desigualdades entre quienes destinan su caña a producir alcohol y quienes la procesan para elaborar azúcar de exportación. Para el Centro Azucarero Argentino (CAA) no es relevante la postura de Colombres, quien preside el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART)

Oposición a la selección que hará Alperovich
El legislador radical Roberto Sánchez ratificó su dictamen en minoría y objetó que sea el gobernador, José Alperovich, quien elija a los representantes por sector. "Es fundamental eliminar el azúcar en negro. Ponemos el acento en los controles porque buscamos defender a la parte más débil de la cadena productiva. Me refiero a los centenares de pequeños y medianos cañeros que se sienten impotentes ante reglas de juego que los exceden. En todas las mediciones que se realizan en los ingenios, los cañeros son engañados. Y cuando los industriales mienten también hacen caer el precio del azúcar", precisó. 

Otro aspecto que impulsa Sánchez es la representación de todos los factores en el directorio del organismo que tendrá a su cargo el control del azúcar excedente. "Proponemos que haya cuatro representantes por cada sector y que quienes sean designados no puedan ser reelectos", recalcó. 

"Es como darle un té a un enfermo terminal, no le hace bien ni mal". Así consideró el legislador radical Ariel García a la ley que impulsa el Poder Ejecutivo. "No solucionará cuestiones de fondo y tampoco mejorará la situación de los productores, que es la pata más débil del negocio azucarero", expresó. Sin embargo, reconoció que "es peor que no tener nada". Cargó contra el sistema de elección de esos representantes al sostener que "en la propuesta que se elevaron es el alperovichismo el que elige". 

"La industria azucarera está en emergencia económica en la provincia. De la misma forma que el Gobierno pide aporte del tesoro nacional (ATN) para recuperar los talleres de Tafí Viejo, podría hacerlo para salvar a la actividad y terminar con el perjuicio de un precio que asfixia a los que menos espalda tienen", puntualizó.