La relación entre los poderes políticos (Gobierno y Legislatura), la Justicia y el Colegio de Abogados tuvo picos de alta tensión en junio de 1988.

La crisis desnudó fallas del sistema y reveló diferencias dentro de la Legislatura. Existían entonces las Cámaras de Diputados y de Senadores, cuyos miembros se diferenciaron más de una vez, ante el delicado conflicto centrado en la judicatura. La Constitución de 1907 asignaba al Senado la facultad de aprobar o rechazar las propuestas del gobernador para cubrir cargos judiciales. Al mismo tiempo, le atribuía la posibilidad de remover jueces por vía del juicio político.

Desplegando juego propio, el diputado nacional Exequiel Avila Gallo (Bandera Blanca) acusó a los senadores peronistas y radicales de haber convertido en un botín electoral los nombramientos de jueces.

Mes intenso

Junio fue un mes cargado de denuncias y pedidos de juicio políticos. La ofensiva se concentró en jueces y camaristas del fuero penal. El ministro fiscal de la Corte, Julio García Aldonate, se hizo eco de una denuncia del comerciante Alberto Battaglia y ordenó la realización de un sumario contra el juez de la V nominación, David Granara. Cometió una falta grave en una causa por cohecho (coima), aseveró García Aldonate. La propia Corte promovió el juicio político contra el juez Granara ante la comisión Judicial del Senado. Se basó en el dictamen de García Aldonate sobre el caso Battaglia.

De idas y vueltas

El Colegio de Abogados le reclamó el 12 a la Corte que hundiera el bisturí a fondo y a la Legislatura que aplicara el juicio político.

El letrado Juan Carlos Nacul habló de las bandas que actúan con impunidad en ámbitos judiciales. La idea de la intervención federal acotada a la Justicia la deslizó el diputado nacional Julio César Romano Norri (UCR), que diagnosticó una clara situación de desgaste. Le salió al cruce Carlos Rodríguez Marañón, presidente de la CSJ. Una golondrina no hace verano, replicó. Pero el diputado peronista Raúl Penna le contestó que en la Justicia no hay una golondrina, sino varias aves de rapiña. Diputados declaró su inquietud por la acción de los policías afectados a la Justicia.

A todo esto, el senador Alberto Herrera (PJ) rechazó excusarse en el caso Granara, ante el pedido de los abogados. Su par Carlos Meschwitz (UCR) se quejó por la indiferencia del PJ y el apoyo a desgano de la UCR. La Bandera Blanca cargó contra la Legislatura y la Corte por su inacción en los casos de Eduardo Bichara (juez penal de la II nominacion) y Carlos Mayer (juez correccional de la VII nominación), de actuación en perjuicio del Poder Judicial. A su vez, la abogada Ofelia Pedicone de Sal promovió juicio político contra Mayer y Alberto Piedrabuena (juez penal de la IV noinación).

Las presiones

El clima se enrareció progresivamente. La preocupación por el desenlace de la crisis judicial embargó a los senadores, mientras el Colegio de Abogados demandó la patriótica resignación de sus cargos por los jueces de la Corte. Esta había suspendido a Mayer por grave irregularidad en el funcionamiento de su juzgado. El gobernador José Domato, en una audiencia del 29, rechazó las renuncias de Rodríguez Marañon, José Ricardo Falú, Carlos Malfussi y René Mario Goane, jueces de la CSJ. Días después, sin embargo, aceptó la renuncia de Malfussi. Hizo lo propio con las dimisiones del vocal de Cámara en lo Penal, José del Valle López, y de los jueces de Instrucción César Turbay, Bichara y Ricardo Monteros (h). El gobernador aceptó también las renuncias de Mayer y Granara. El Colegio de Abogados desistió de plantear la intervención federal a la Justicia que había alentado. La ola de renuncias calmó el ánimo.