El alperovichismo puede acabar encerrado entre sus propios desaciertos. Lejos de allanarle el camino para superar la crisis política que le generó el fallo del caso Verón, la decisión de arremeter contra los tres jueces que absolvieron a los imputados puede entorpecer la marcha de un Gobierno que se empalaga con la gestión, pero que languidece con la política.

Allá por diciembre del año pasado, el gobernador José Alperovich quedó dentro del embudo que formó el tornado soplado por Susana Trimarco. Desde entonces, el mandatario da vueltas y vueltas dentro de esa nube y no encuentra la salida. Para colmo, quienes le sugieren alternativas de escape sólo logran que los giros del poder sean cada vez más pronunciados.

El Jury de Enjuiciamiento, pedido por la madre de Marita Verón contra los magistrados Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, acabó por enmarañarse sin siquiera haber comenzado. Es más, en el oficialismo hasta dudan acerca de cuándo pueda iniciar la decapitación jurídica de los camaristas. Incluso, si podrá llegar a concretarse.

Una presa

Los planteos judiciales ya interpuestos por Herrera Molina y por Romero Lascano apuntan al corazón de las decisiones del Gobierno. Al punto tal que el Poder Ejecutivo terminaría siendo presa de sí mismo.

Herrera Molina cuestionó la discrecionalidad del gobernador para rechazarle la renuncia al cargo. Alperovich, más de 30 días después de haber recibido esa dimisión fundada en cuestiones graves de salud, le respondió que no podía aceptarle porque estaba en marcha un proceso de destitución en su contra. Su argumento, cuanto menos, colisiona con el artículo 15 de la Ley 8.199, que reglamenta el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento. Ese texto, sancionado por el propio oficialismo en agosto de 2009, plantea que, una vez producida la renuncia del acusado, se clausurarán las actuaciones en el "estado en que se encuentren".

Romero Lascano, en tanto, reprochó ante la Justicia la constitución del Jurado, aduciendo que los hermanos Posse (Daniel, vocal de la Corte; y Jorge, fiscal de Estado) carecen de imparcialidad para integrar ese órgano. Uno, el funcionario del Gobierno, por responder directamente al titular del Poder Ejecutivo (el mandatario dijo en más de una ocasión que haría lo que le pidiera Trimarco). El otro, el magistrado del máximo tribunal, por haber sido nombrado para representar a la Justicia ante el Jury mientras era aún presidente del Consejo Asesor de la Magistratura.

Ambos planteos, por obra del azar y de la picardía leguleya, cayeron en manos de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, vocales de la sala que más sarpullidos le generó a este Gobierno. Igualmente, ambos recursos contra el Poder Ejecutivo llegarán a manos de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que Novillo ya se declaró incompetente para entender en el planteo de Herrera Molina.

Aquí es donde el oficialismo comienza, otra vez, a dar círculos.

¿Cómo se conformará el máximo tribunal para resolver los pleitos? La Corte ya tiene en su poder los recursos de casación presentados contra el fallo de Piedrabuena, Romero Lascano y Herrera Molina en el caso Verón. Es decir, debería evaluar el contenido de la sentencia y, a su vez, resolver demandas particulares de los jueces, siempre y cuando no se declare incompetente.

Sumado a esto, ni Posse ni René Goane (suplente en el Jury) estarían en condiciones de entrometerse y, seguramente, surgirían recusaciones contra algún que otro miembro del tribunal. Entonces, ¿quién entendería en la cuestión?

El alperovichismo hubiese preferido que, llegado el caso, se active el sistema de conjueces que aprobó mediante ley a principios de 2012. Pero ocurre que, ante un planteo del Colegio de Abogados, ese sistema de lista "sábana" para reemplazar jueces de la Corte se cayó. Al final, en diciembre, por otra norma tuvieron que volver al régimen histórico de subrogancias: aquel que dice que los miembros del alto tribunal serán sustituidos primero por camaristas; luego por jueces de primera instancia -que reúnan las condiciones para ser vocales- y, por último, por los conjueces de la lista que cada año elabora la Corte Suprema. Ni más ni menos, el sistema que el oficialismo defenestró por engorroso y porque fomentaba recusaciones sistemáticas. ¿Cuánto tiempo llevaría sortear sólo esta telaraña? Seguramente, mucho más que el pensado por el PE cuando hizo suya la cruzada de Trimarco.

Alaridos

El alperovichismo está intranquilo. No pasa sobresaltos en el día a día, pero mira de reojo lo que ocurre en Buenos Aires. Allí estará puesta la atención en lo que queda de febrero y los primeros días de marzo.

No es que las paritarias salariales con los estatales preocupen más de lo razonable al gobernador. En realidad, lo que aflige a Alperovich es el cristinismo. Específicamente, Cristina Fernández de Kirchner. Son pocos los que en el gabinete recuerdan cuándo fue la última vez que el tucumano habló personalmente con la jefa de Estado. Y, aunque no haya quejas respecto del cariño económico que le dispensa la Presidencia, en la Casa de Gobierno sí se escuchan alaridos de impotencia en cuanto a mimos políticos se refiere.

La foto de Trimarco al lado de Cristina, allá por el caótico diciembre, fue un golpe que aún cuesta asimilar en la cumbre del poder tucumano. Y el temor, ahora, se renovó porque el vuelo de La Bancaria y del radicalismo en la Capital Federal logró instalar el crimen impune de Paulina Lebbos fuera de la provincia.

Aunque lo minimicen, en el primer piso del Palacio Gubernamental hay preocupación: no quieren ver la imagen de la Presidenta junto a Alberto Lebbos, el padre de la joven asesinada en 2006. La semana que pasó los mantuvo en vilo, y las que vienen serán peores. Principalmente, porque en el alperovichismo no saben con qué puede salirle el cristinismo. Si hubiera diálogo con la Rosada, en el Ejecutivo no se hubieran enterado por los medios que el PEN, vía Programa Nacional contra la Impunidad, había designado a un aliado de la diputada Stella Maris Córdoba para que revise el expediente judicial de la causa.

Exhibicionismo

El alperovichismo está nervioso. La senadora Beatriz Rojkés rinde examen y, al menos en Tucumán, nadie se atreve a decir que aprobará. Fundamentalmente, porque ningún lugareño sabe qué sopesará la titular del PEN cuando deba ratificar o reelegir a las autoridades del Senado.

En un par de semanas, la primera dama tucumana podrá decir que obtuvo el pasaporte K o tendrá que exhibir el sello de una visa denegada. En la Cámara Alta, los radicales iniciaron en diciembre una campaña para fulminarla; dicen, con la injerencia intelectual del sector de Miguel Pichetto. Pero también admiten en la UCR que la líder del PJ local entabló una buena convivencia con el vicepresidente Amado Boudou. De todas formas, será la voz de Cristina la que dé el sí o el no a Rojkés.

Quizá en ese afán de supervivencia se inscriba la última decisión de la senadora de confesión judía de apoyar el memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA. Admiten en el Gobierno que a Rojkés no le causa ninguna gracia sentarse a levantar la mano en favor del resistido convenio. Hasta habría pensado en solicitar permiso para faltar al debate del próximo 21. No obstante, ya firmó un documento de aval a la decisión presidencial y lo dio a conocer lo más grande que pudo. ¿Bastará ese paso para revalidar el papel de tercera en la línea sucesoria presidencial? El cristinismo, balbucean los más optimistas, no puede ser tan mal pagador.

Toma de rehenes

El alperovichismo está nervioso. En este tercer -y hasta aquí- último mandato, pasó más tiempo buscando salidas que tomando la iniciativa. Entrampado, el oficialismo acostumbrado a arremeter se topó de repente con una realidad que lo tomó de rehén. Y que, al menos por ahora, no parece dispuesta a soltarlo.

¿Qué precio es capaz de pagar para quedar en libertad?