Bien podría pasar por un acto de magia, si no fuera porque el resultado final no entretiene. El Tribunal de Cuentas (TC) culminó una investigación tendiente a conocer el paradero de un camión Dodge 600, modelo 1975, propiedad de la comuna de San Pablo y Villa Nougués. Según se desgrana del Acuerdo N° 3.724 -rubricado el 27 de diciembre del año pasado-, en el mejor de los casos sólo se hallarían partes del vehículo.
A raíz de la falta de este camión -patente N° 6.436.266-, el órgano de contralor inició un juicio de responsabilidad contra quienes se encontraban al comando de esa comuna al momento de la desaparición: el excomisionado Daniel Fernando Castro y la ex secretaria habilitada Mirta Graciela Ponce. El presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal acodaron formularles a ambos dirigentes un cargo fiscal por la suma de $ 75.000.
Declaración
En el marco de la instrucción fue citado Jorge Eduardo Estrella, para que brinde declaración informativa. Este manifestó que durante la gestión de Castro y de Ponce realizó trabajos para la comuna. De acuerdo a sus dichos -registrados en los considerandos del acuerdo- los imputados utilizaron partes del vehículo para abonarle estas tareas. "Como forma de pago me entregaron de palabra, porque no se usaba más, un tren delantero vacío de un camión Dodge y una cabina del mismo chasis", señaló.
En el texto del acuerdo, Chaibén Terraf, Díaz Ricci y Vidal dejan constancia de que ni Castro ni Ponce se presentaron a prestar declaración, pese a que fueron citados en varias ocasiones. Pero no sólo no fueron a declarar, sino que tampoco respondieron las consultas de los investigadores, referidas al estado y ubicación del rodado. "En reiteradas oportunidades la instrucción libró oficio a la comuna a fin que informe si el camión fue devuelto por Estrella y si se encuentra en dicha comuna. La instrucción procede a correrle vista de todas las actuaciones a los inculpados para que formulen su descargo y ofrezcan las pruebas que hagan a su favor, no obstante encontrándose fehacientemente notificados de ello, no se presentan ni adjuntan prueba alguna", dicen las autoridades del TC en el texto.
Una vez que se cumplieron todas las etapas procedimentales del juicio de responsabilidad, y con las pruebas que tenían a mano, las autoridades del ente de control decidieron clausurar el proceso y formular el cargo fiscal por los $ 75.000 a los exfuncionarios.