Los efectos del cambio de régimen político empezaron a desplegarse en 1984, en los distintos ámbitos de la esfera pública, con reemplazos de jueces y la emergencia de nuevas figuras. Simultáneamente, recuperaron protagonismo dirigentes de probada trayectoria, a los que el golpe del 24 de marzo de 1976 castigó arbitrariamente, como Amado Juri.

Entre 1984 y 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín dio los primeros pasos para establecer el nuevo orden institucional, lapso durante el cual el peronista Fernando Riera emprendió igual tarea

Roces y negociaciones
La convivencia de dos administraciones de signo distinto generó fricciones, en medio de una severa crisis económica. No obstante, hubo acuerdos bipartidistas que influyeron en la reorganización de los poderes del Estado. 

Octubre de 1984 marchó a tono con la época que advenía. La sociedad había rechazado la idea de la amnistía militar al elegir al radical Alfonsín, pero en el Senado la Casa Rosada se hallaba en minoría. La negociación se impuso como método de armonización de intereses a la hora de cubrir los jueces y los camaristas federales.

Fuera de juego
La onda expansiva del terremoto político llegó a los Tribunales Federales de Tucumán, en la mañana del 2 de octubre de 1984. Hasta entonces, Manlio Martínez se desempeñaba como juez federal n° 1, y René Padilla en el juzgado federal n° 2. Estos cesaron en sus cargos y Rafael de Vargas asumió como juez federal subrogante en comisión, a cargo de ambos despachos. 

De Vargas había recibido una comunicación de la Secretaría de Justicia de la Nación, asignándole la función.

Los poderes de los dos jueces caducaron el 30 de setiembre a las 24, al no habérsele dado nuevo acuerdo, explicó de Vargas, en referencia al Senado.

Dos actitudes
Padilla apuntó que no le había llegado ninguna notificación al respecto. 

No creo que la cuestión sea para rasgarse las vestiduras. adoptando posturas muy difíciles de explicar después, aseveró. Sin embargo. Martínez reaccionó con otro talante. Mi designación tiene indiscutiblemente rango constitucional, planteó, y reclamó precisiones porque había sido nombrado por Isabel Perón.. Por radiograma, se le informó luego que el Ejecutivo Nacional había procedido conforme a la decisión senatorial. Meses antes, Padilla había hecho lugar a una recusación planteada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) contra Martínez, por presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Cels patrocinaba a familiares de desaparecidos.
A todo esto, Riera admitía que los senadores peronistas Ramón Araujo y Olijela Rivas sugerirían los nombres de los candidatos a jueces. Jorge Parache (UCR) y Ricardo San Juán (PJ) fueron designados después para esos juzgados. 

Homenaje
Por un fallo del juez Arnaldo Ahumada, se le restituyó el pleno ejercicio de los derechos políticos al ex gobernador Juri. El abogado de este, Antonio Juez Pérez, había pedido que se dejara sin efecto la condena a dos años de prisión condicional e inhabilitación permanente para ocupar funciones públicas, que le impuso el proceso . El juez entendió que se debía aplicar la Ley 23.062, conocida como la Ley de Reparación HIstórica, que anulaba las sentencias dictadas por las autoridades de facto. Juri no fue destituido por juicio político, sino por una rebelión militar. 

El Senado le tributó un homenaje el 25 de octubre, cuando aprobó un proyecto de declaración destacando sus cualidades cívicas. Justicialistas y radicales coincidieron en resaltar que Juri encarnaba el prototipo político permanentemente atacado por los elencos golpistas.