José María Nougués - Ex ministro de Economía
De las muchas preocupaciones que hoy afectan a la economía argentina, una de ellas es la caída de las inversiones, tanto en el sector público como en el privado. No puede ignorarse que estos vaivenes, casi constantes en nuestra economía, han tenido afectaciones múltiples con casi todos los actores del sector económico. La búsqueda de información para tratar de definir el alcance que puede tener sobre distintas actividades nos permitió conocer lo que sucede en el área de las obras de infraestructura vinculadas, en su mayoría, al sector energético -combustibles, gas, electricidad- que han empezado a sufrir los efectos negativos.
Lo comentado se manifiesta, en forma reiterada, en las obras públicas. El punto de partida en cada una de ellas nace en el llamado a licitación. Generalmente, alguna multinacional resulta adjudicataria de la obra. El segundo paso se ajusta a subcontratos que se formalizan con empresas mas bien chicas -normalmente son PyME capacitadas- que acompañan a la contratante participando en la obra licitada. A partir de allí, y ya con trabajos en ejecución, la contratante se ampara en incumplimientos teóricos de contrato para justificar la falta de pago a las PyME intervinientes, generándoles problemas financieros y económicos de magnitud. Las actitudes resultan aún más incomprensibles cuando se conoce que las empresas contratantes acceden a ventajas económicas que se les otorga por la vigente Ley 26.095, de apoyo a obras de infraestructura energética. A lo anterior debe sumarse, como punto final, que la Ley de Compre Argentino 25.551 obliga a concretar contratos con trabajadores que viven en la zona de influencia de la obra, y que al final ven afectados sus ingresos por las políticas adoptadas por las contratistas y que inciden en la fluidez que deben tener las pequeñas empresas en los pagos a su personal.
Los problemas que empiezan a afectar a las PyME se acentúan: la Uocra plantea su preocupación por que empresas vinculadas a obras públicas les argumentan que ciertos incumplimientos son ocasionados por atrasos en los pagos, tanto del Estado nacional como de los gobiernos provinciales, de los certificados de obra. A lo anterior se suma el reciente desplazamiento del director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal, por contrataciones concretadas fuera del marco de la corrección a la que se supone deben ajustarse las empresas públicas, y que en el caso comentado involucra a Enarsa, empresa estatal responsable de licitaciones en el campo energético.
Una de las características marcadas en obras de infraestructura es la carencia de un contralor sobre quienes actúan en este campo y la falta de políticas. Ello ha empezado también a notarse en el sector privado y particularmente en la minería. Es notable la caída que tuvo la actividad en este sector: los planes originales de inversión y de producción han empezado a postergarse y los informados culpan de la situación a problemas que enfrentan las provincias mineras en el campo de sus finanzas. Los déficit económicos que deberán enfrentar en el próximo ejercicio fiscal las ha llevado a reanalizar los nuevos impuestos que suponen deberían gravar hoy esa actividad. Y no es la consideración si ello es mucho o poco, sino que todo el proyecto, al cambiar las reglas de juego, transforma en precario todo lo que el inversor planificó y también las proyecciones estimadas de producción.
La falta de políticas claras quedan al descubierto en una reciente resolución de Metrogas -empresa estatal donde participan YPF y Anses-, que unilateralmente resolvió prorrogar pagos a sus proveedores a pesar de la existencia de fechas pactadas. También resulta precaria la pretensión del Ministerio de Industria de la Nación de mejorar la cadena de valor en la minería a través de las PyME con la sustitución de importaciones si, al mismo tiempo, se traba el desarrollo de las empresas principales que están en el sector.
A eso le sumamos la falta de interés de las provincias para defender a empresas originarias o radicadas en sus territorios -Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán-, usando el argumento de que su no intervención en problemas se debe a que las obras están definidas por empresas estatales nacionales, que son las contratantes y las que deben bregar para que las bases contractuales se cumplan. El olvido está en que en ciertas materias, y también en lo financiero, el efecto dominó existe: sabemos cómo comienza pero no cuándo y cómo termina.