Hay una sola manera de comprender lo que habría sucedido en el Sutrappa hace unos meses: que se haya tratado de un capítulo más de la popular serie estadounidense The Walking Dead (Los Muertos Vivientes). Porque, según una denuncia que presentó un grupo de presuntos damnificados, empleados del organismo municipal -algunos de los cuales ya fueron desplazados- les habrían gestionado la compra de licencias de taxis. Pero los vendedores de esos permisos provisorios presentan una insoslayable particularidad: fallecieron mucho tiempo antes de haber realizado la supuesta transacción comercial.

Precisamente el sentido común y no el sexto sentido que movilizaba al niño de
la taquillera película de fines de los 90 fue lo que los llevó a deducir una verdad de perogrullo: los muertos no hablan y tampoco firman boletos de compraventa. A menos que alguien haya realizado ese acto administrativo en su lugar. 

Esta dudosa situación motivó a ocho adquirentes de licencias a presentar una denuncia penal por presunta estafa. Los denunciantes -por cuestiones legales se preservan sus nombres- concurrieron a los tribunales provinciales acompañados por los representantes de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat). La presentación fue radicada en la Fiscalía IX de la capital y acusan a cuatro personas de haber cometido el delito de estafa. Una de las denunciadas fue hasta hace poco funcionaria del Sutrappa, y fue desplazada del cargo luego de que estallara el escándalo en la repartición, a mediados de julio. Las otras dos denunciadas también cumplieron funciones en esa área municipal, pero de menor responsabilidad. La cuarta persona involucrada es el titular de una escribanía situada en Jujuy y avenida Roca.

Los ocho presuntos damnificados creen que la escribanía podría tener conexión con empleados del Sutrappa, al momento de haber configurado la presunta estafa. Nuevamente, el ex titular del área, José Abregú, es mencionado por los demandantes. "Entre mediados de 2011 y principios de 2012 nos presentamos en el Sutrappa para pedir información acerca de dónde podríamos comprar una licencia. Allí nos facilitaron el teléfono de un señor que le decían 'El Chino', quien contactaba a los futuros compradores, haciendo el papel de intermediario. Una vez que se le pagaba la suma, que variaba entre $ 20.000 y $ 30.000, recibíamos la documentación para circular y prestar el servicio con los taxis supuestamente habilitados, ya que todos contaban con el alta firmada por la encargada de la sección (Licencias), previa autorización del ex subdirector (Abregú). O sea, la documentación era expedida por la autoridad competente", detallan los denunciantes C.I.O, E.E. A, G.F.M, L.R.O, G.A.C, E.G.C, A.L.B y G.A.C. Los litigantes buscan probar que la escribanía en cuestión era la encargada de certificar las irregulares cesiones.

"En un principio trabajamos con normalidad. Pero al momento de realizar trámites ante el Sutrappa, tomaban conocimiento (en la repartición) de que las firmas no coincidían o que las carpetas no existían", expresan los supuestos damnificados.

Según el escrito, esta situación motivó al municipio a buscar a los titulares que habían vendido los permisos. "Pero se encontraron con que, en algunos casos, habían fallecido muchos años antes del día en que supuestamente firmaron las cesiones. Además, los que no habían fallecido negaban haber vendido documentación alguna", relataron los denunciantes, quienes buscan probar los delitos de estafa, falsificación de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.

En la presentación, las abogados patrocinantes Griselda Rodríguez y Verónica Gerez aportaron material probatorio, basado en las actas de cesión de las licencias, formularios de alta y baja, órdenes de pago, comprobantes de pago de adjudicación y transferencia de licencias.

El titular de Atiat, Antonio Rodríguez, dijo a LA GACETA que acompañará a los presuntos damnificados "hasta las últimas consecuencias". "Queremos probar que en el Sutrappa funcionó una asociación ilícita", anticipó.

Como acostumbra, Rodríguez cargó duramente contra los jueces de Faltas municipales: afirmó que tienen responsabilidad en la proliferación de autos. "El problema es que los jueces de Faltas del municipio son muy flexibles con los autos truchos que se secuestran. Pagan la multa y los liberan. Pareciera que hay gente influyente que tiene taxis y que arreglan todo con un 'tubazo'", ironizó.

El dirigente de uno de los gremios de taxistas anunció que en las próximas horas pedirá al Concejo Deliberante de la capital que cambie artículos de la ordenanza N° 3.713, que regula la actividad.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Marcos Díaz, dijo a este diario que una vez que tome contacto con el expediente, formulará declaraciones.