Los integrantes de las 230 familias que ocupan terrenos del ingenio San Juan, en Banda del Río Salí, ganaron ayer un poco más de tiempo en su lucha por conseguir un techo propio.
La propiedad en la que están viviendo, hace poco más de tres meses, está ubicada a la vera del kilómetro 1.288 de la ruta 9. A unos 200 metros del lugar donde se construye el Hospital del Este.
El 23 de agosto, luego de dos intentos frustrados, lograron instalar sus casillas de madera y ocupar las tierras que pretenden comprar. "No queremos atropellar a nadie. Tampoco queremos ir a mendigarle al gobernador (José Alperovich). Lo que buscamos es que nos den facilidades de pago para comprar estos lotes, porque ninguno de los que está acá tiene un recibo de sueldo para acceder a un plan de vivienda", señaló José Herrera, un vocero de los ocupantes.
Según Herrera, después de ocupar las tierras acudieron al Gobierno en busca de alguna respuesta, pero no consiguieron nada. "Hace dos meses fuimos a Casa de Gobierno. Primero nos dieron una respuesta favorable, pero cuando fuimos por segunda vez nadie nos atendió. Lo que estamos pidiendo es que alguien del Gobierno venga para hablar con nosotros y nos dé una solución", remarcó.
La Policía llegó temprano al lugar. El comisario José Díaz, jefe de la Regional Este, comandó el operativo con la orden de desalojar el predio. A las 8.30 se produjo el primer momento de tensión. Decididos a resistir, las familias tiraron gomas sobre la ruta y les prendieron fuego. Los uniformados cortaron el tránsito y los bomberos apagaron las llamas. Una hora después, los policías avanzaron sobre el asentamiento y formaron una barrera humana. Hubo gritos y empujones, pero la situación no se desbordó.
Alivio
Cerca del mediodía la fiscal Adriana Reinoso Cuello, a cargo de la Fiscalía VI, se comunicó con el comisario Díaz y le ordenó retirarse del predio. Cuando el oficial se acercó a los ocupantes y les dio la noticia, hubo un grito de triunfo. La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Alejandro Flores. "El desalojo se suspendió porque presentamos una apelación. La policía procedió porque hubo un error conceptual en la instrucción que se les dio. Ahora es la Cámara de Apelaciones quien debe resolver cómo continuará el proceso", explicó Flores. Ester Rodríguez es otra de las ocupantes, y afirmó que tiene dos hijos discapacitados. Esta situación, según las declaraciones recogidas por LA GACETA, se repite en varias de las familias. En este sentido, Nélida Pérez y Luis Juárez dijeron que tienen un hijo de un año que es discapacitado. "Estamos buscando que nos den alguna pensión, pero todo quedó parado en Desarrollo Social porque dicen que nunca va la persona que tiene que atender nuestro caso", se quejó Pérez.