Era cuestión de tiempo. Si José Alperovich necesita más plata para gobernar Tucumán, ¿por qué Domingo Amaya no lo imitaría en la intendencia capitalina? Es verdad, las propiedades están demasiado subvaluadas, pero tampoco esa puede ser la excusa para generalizar -todos los años- las subas del Inmobiliario (en la provincia) o del CISI (en el municipio). El incremento de la carga fiscal es la solución más fácil de un Estado que sigue creciendo.
A nivel provincial, Alperovich tiene todo el poder financiero sobre los municipios. Por caso, el 90% de los $ 600 millones de deuda de San Miguel de Tucumán se acumularon por compromisos asumidos con la Provincia (vía pactos sociales) y algo con la Nación (para obras). Así, todo lo que se recauda en la capital va a parar a las cuentas del Ejecutivo. Pero esa dependencia fiscal es un arma de doble filo. Los créditos interestatales gozan de tasas privilegiadas y por eso suele decirse que se trata de una deuda barata; pero resulta onerosa desde el punto de vista político: la suerte de Amaya depende en gran medida de las decisiones alperovichistas. Pero no es cualquier intendente: goza del padrinazgo de los moradores de la Casa Rosada.
Los incrementos en las tasas, en definitiva, le darán más autonomía a la gestión de Amaya, que ya no depende tanto de los fondos coparticipables. Pese a que no lo dicen públicamente, los funcionarios municipales marcan ciertas diferencias con las conductas del Ejecutivo provincial. Creen que no hay mejor camino para recorrer que el del consenso de las medidas que se toman. Por eso, abren el juego a las entidades representativas de los contribuyentes. La explicación de esa estrategia de diálogo es sencilla: si suben los impuestos y, por ende, hay mayor presión fiscal, a corto o mediano plazo, la recaudación bajará. El récord de ingresos no es eterno.