EdUCAcIóN AL DíA
En un contrapunto de acusaciones mutuas entre sindicalistas del magisterio y el Consejo de Administración -en el que tallan deudas por aportes y evasión-, la histórica obra social de la actividad docente abrió un impensado frente de conflicto. Unos 30.000 maestros en edad de jubilarse son los perjudicados por esta nueva crisis que afronta Osplad.
La obra social informó que dejará de atender a los maestros en edad jubilatoria y a los ya retirados, que deberán pasar obligadamente al servicio de PAMI. Roque Yadala, secretario de Acción Social de la Unión Docentes Argentinos (UDA) a nivel nacional, explicó: "uno de los problemas será que los afiliados de Osplad van a perder a sus médicos de confianza. Si están haciendo un tratamiento desde hace años tendrán que ir a otros centros de atención y hasta podrán perder continuidad".
En la provincia de Buenos Aires, la obra social para los docentes es el IOMA, que pertenece al Gobierno bonaerense, pero Osplad se hacía cargo de un sector de los educadores transferidos y de los privados, que perderán la prestación.
La Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud 1408/2012 señaló que la obra social de los maestros dejará de dar cobertura de salud a los futuros jubilados docentes. Alega la
delicada situación económico-financiera por la que atraviesa la entidad
, por la que se ve en la necesidad de
priorizar el uso de los recursos en la atención de los afiliados que componen el actual padrón
.
El ataque
La conducción de la UDA nacional, que lidera Sergio Romero, sostuvo que la decisión asumida por la administración de Osplad -integrada mayoritariamente por Ctera y también AMET nacional, sostuvo-, no solo obliga a los futuros pasivos a pertenecer a PAMI. "También generará un nuevo desfinanciamiento para la obra social docente, ya que muchos aportantes, en el marco de la desregulación, optarán antes de jubilarse por otras obras sociales".
La UDA aclaró que no pertenece al Consejo de Administración de Osplad desde 1995.
La defensa
Del otro lado de la vereda, el Consejo de Administración sostiene que dentro del cuadro general del sistema de prestaciones sociales existe una agravada situación particular de Osplad. Señalan los dirigentes sindicales: "la obra social atraviesa una situación de arduos, complejos y por momentos infructuosos reclamos ante varios Gobiernos, entre ellos Misiones, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires".
Reclaman aportes a organismos nacionales, como la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Universitario de las Artes y a más de 2.200 colegios e instituciones educativas privados de todos los niveles. "Esa masa de dinero nunca fue depositada en la obra social docente", afirmaron. Según la conducción de Osplad el monto asciende, entre reclamos administrativos y judiciales, a más de 590 millones de pesos.
Osplad declaró que la Administración de Programas Especiales (APE), con fondos de todos los afiliados al sistema, les adeuda por prestaciones efectivamente brindadas a sus afiliados y debidamente documentadas, más de 167 millones de pesos. La situación fue denunciada en 2010 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Apuntaron también a la existencia de casos aún más extremos de evasión al sistema de seguridad social de los maestros y profesores. "Gobiernos, provincias y establecimientos educativos llevan años sin registrar ingresos por aportes efectivamente retenidos y descontados", denunció Osplad. Y argumentan que continúan con las prestaciones aunque solo reciben 148 pesos como aporte total por afiliado (el resto del descuento queda en el presupuesto del PAMI como un recurso propio).