Silvia se levantó a las 6 de la mañana para llegar antes de las 7 a la Maternidad. Unos cálculos en la vesícula, descubiertos cuando le hicieron una ecografía en esa misma institución, le están causando serios problemas, y algunos médicos ya le recomendaron que se opere. Consciente de que se trata de un riesgo, Silvia fue a consultar con el cirujano gastroenterólogo. La respuesta de este fue toda una sorpresa: si no lleva una ecografía realizada en un instituto privado de diagnóstico por imágenes no la va a operar. Silvia le explicó que carece de obra social, que no cuenta con recursos suficientes para pagar estudios en forma particular, que tal vez en otra institución pública la aparatología fuera mejor... No hubo caso, la condición sine qua non del cirujano es que le lleve una ecografía del instituto privado. Esto sucedió ayer. Hace un par de meses algo similar le pasó a otra amiga cuya hija estaba internada en el Centro de Salud. Los médicos se negaron a determinar un diagnóstico si no llevaba un estudio efectuado en un instituto privado. Si los profesionales del sector público no tienen confianza ni en la aparatología ni en sus colegas del hospital privado, ¿cómo puede el ciudadano confiar en la salud pública? ¿Cómo afrontar la monstruosa sensación de indefensión y de desprotección en que nos dejan estos hechos?