El enfrentamiento entre el Gobierno provincial y la Asociación Bancaria por la Caja Popular de Ahorros (CPA) sigue librándose en la Justicia. A las denuncias del gremio por supuesto espionaje a sus dirigentes y por la presunta malversación de caudales públicos (contra el ex interventor de la CPA, Eduardo El Eter), se sumaron ayer dos presentaciones. Eduardo Bourlé, como secretario general del gremio en Tucumán, planteó en primer lugar una acción de amparo y requirió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 8.524. Se trata de la norma aprobada por la Legislatura el 10 de octubre, que autorizó la firma del convenio entre la Casa de Gobierno y la CPA. Mediante ese acuerdo, el Poder Ejecutivo tomó recursos del Fondo de Garantía del organismo crediticio (unos $ 172 millones) a cambio de Letras del Tesoro de la Provincia.
La causa ingresó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos). Bourlé, mediante su abogado Gustavo Morales, consideró que la normativa viola el último párrafo del artículo 17 y el 18 de la Carta Magna provincial.
El primero dispone que toda ley que autorice la emisión de fondos públicos o empréstitos sobre el crédito general de la Provincia necesita de la sanción de los dos tercios de votos de la totalidad de los legisladores. En la última parte, aclara, "deberá también especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda". De acuerdo con el gremialista, ese es el punto infringido.
El otro, en tanto, afirma que "los fondos públicos que se emitan y el numerario obtenido por el empréstito, no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación". Si bien el gobernador, José Alperovich, había explicado que con ese dinero se pagaría el aguinaldo, el escrito hace hincapié en que la norma no especifica para qué serán destinados los fondos.
En segundo lugar, el dirigente promovió una medida cautelar para suspender el nombramiento de Armando Cortalezzi (22 de octubre) al frente de la CPA. Argumentó que el acto administrativo del PE fue ilegal. Justifican que según leyes provinciales y la Carta Orgánica de la entidad, Cortalezzi no podría ocupar el puesto. Advirtieron que el reglamento prohibe que los miembros del Poder Legislativo integren el directorio (Cortalezzi es legislador y está de licencia). Además, puntualizaron que contra Cortalezzi están registradas una decena de denuncias penales. Esta presentación se encuentra en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo).
La pelea entre el representante nacional de La Bancaria, Carlos Cisneros, y Alperovich data del mirandismo, cuando el primero era titular de la Caja Popular y el segundo, ministro de Economía. Se reavivó en mayo, cuando el PE intentó expropiar el Club Caja. Pero, la toma de fondos de la Caja fue el detonante. Los bancarios exigen la devolución del dinero.