El Gobierno nacional se muestra impotente para controlar la inflación y le mete ruido a la economía por todos lados. La distorsión de precios relativos está provocando una transferencia de recursos de los sectores más pobres hacia los formadores de precios.

El enorme peso de la carga tributaria sobre la estructura de costos de las empresas está llevando a las compañías privadas a acentuar el ajuste de sus costos en todas las etapas de los proceso de producción, logística y comercialización, generando un efecto cascada sobre el precio final de los bienes y servicios. Ahora, el fastidio ha invadido los despachos oficiales que aseguran no querer escuchar hablar ni del Indec, ni de la inflación ni del cepo cambiario, mientras que por otro lado no tienen herramientas para corregir el desborde de precios. De allí, que algunos gremios se están apresurando a cerrar ajustes de salarios como pago a cuenta de las próximas paritarias que se presume, serán un caldero previo a las elecciones de medio término.

La inflación está impactando en la demanda global y ésta en los niveles de empleo, en especial, en los sectores informales. Y si el fastidio llegó a la Casa Rosada, el hartazgo parece estar derramándose sobre el tejido social.

El Gobierno no encuentra señales de progreso en el modelo y, para colmo, la gestión oficial de las empresas públicas está mostrando algo más que fisuras.

El caso de Aerolíneas Argentinas es emblemático y ahora lo que sucede en YPF corrobora el fracaso de la gestión empresaria en manos del Estado. La caída en los beneficios de la compañía bajo la tutela estatal expresa la falta de experiencia y el ahogo financiero al cual está sometida. Por ahora, las ganancias de la petrolera son sólo menores, pero en los próximos ejercicios habrá que contabilizar pérdidas, si es que no se consigue fondeo externo o inversores. ¿Quién va a invertir o quién le va a prestar a una compañía cuyo principal accionista enfrenta juicios y embargos en los tribunales internacionales?

Sin embargo, la crisis de falta de recursos aparece más palpable en el sistema previsional, un sistema que está estructuralmente quebrado. La presentación del titular de la Anses, Diego Bossio, ante la Corte Suprema de Justicia puso la realidad sobre la mesa: "Si se pagan los reajustes, el dinero no alcanza", dijo el funcionario.

Lo que no se especificó si se trataba del pago de las sentencias o de los haberes reajustados o de ambas cosas. Pero, más allá de esta precisión, esa reunión con el máximo tribunal de Justicia dejó a la vista algunos elementos más. De acuerdo a algunos voceros judiciales y del organismo previsional, ahora se formará un grupo de trabajo para buscar reducir la litigiosidad del fuero previsional donde hay casi 260 mil demandas que representan 4,4 por ciento del total de beneficiarios.

En la reunión, Bossio explicó a los integrantes de la CSJ que "todo el dinero que ingresa al organismo vuelve a los más de 14 millones de beneficiarios en derechos como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignaciones universales". El funcionario solicitó que las sentencias contengan una pauta clara de liquidación, para permitir que se puedan pagar más. La queja apuntó a que los magistrados de la Seguridad Social utilizan distintas tasas de ajustes que hace que los nuevos haberes superen holgadamente los topes fijados en el sistema de reparto.

Según voceros de la Anses, los fallos del fuero previsional "atentan" a mediano plazo contra la sustentabilidad y la previsibilidad financiera de todo el sistema. Desde los Tribunales, la queja apunta a que los reclamos parten de una mala liquidación practicada por el organismo y por el efecto inflacionario.

En la Anses, en tanto, destacan que el ritmo de las nuevas demandas presentadas entre 2010 y 2012 bajó 65% debido a la movilidad jubilatoria.

Durante el cónclave, Bossio subió la apuesta y le manifestó a los jueces de la CSJ que si controlan el fuero previsional se podrán pagar más fallos.

Por ahora, la solución llegará de manera mediata y a cuenta gotas. Así, el declamado intento kirchnerista de generar un sistema previsional igualitario generará más desigualdad. Como dijo Edmund Burke: "el que nivela, nunca iguala".