Todo es nuevo incluso para ellos, tres letrados abocados intensivamente al estudio del Derecho Privado desde hace cinco décadas. Por eso tiemblan cuando piensan que ese río de novedades jurídicas correrá pronto por doquier, y lamentan que no haya habido más tiempo para estudiar y elaborar el proyecto del Gobierno nacional que reforma y unifica los códigos Civil y Comercial. "Un siglo y medio de cultura jurídica acumulada desde la sanción del Código de Vélez Sársfield no puede ser tirado por la borda", dice uno y los demás adhieren. Y esa preocupación irrumpe una y otra vez en las reflexiones de Juan Carlos Palmero y Juan Manuel Aparicio, respectivos presidente y director de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y de Ignacio Colombres Garmendia, civilista tucumano a cargo del Instituto Noroeste de la Academia.
"El Código Civil que nos rige desde 1871 ha sido objeto de múltiples modificaciones. Ya no es posible decir que sea liberal e individualista, como lo concibió Vélez. Luego incorporó el derecho del consumidor, la tutela de los más débiles...", recuerda este jueves Aparicio antes de intervenir junto a Palmero y Colombres Garmendia en el cierre del Ciclo de Conferencias sobre el Proyecto de unificación y reforma de los códigos Civil y Comercial, actividad auspiciada por LA GACETA y organizada por el Instituto Noroeste de la Academia.
Los cambios pueden ser abundantes y no por ello drásticos. "La necesidad de unificar los códigos viene planteándose desde 1940, a medida de que desaparecían las diferencias entre las materias civil y comercial, y la separación perdía sentido. Pero que haya consenso sobre la unificación no significa que esta no sea un hecho traumático, por eso importa la forma en que se materializa", explica Palmero. Y en este caso, además de la unión de dos códigos, hubo una reescritura del Derecho Patrimonial, y la incorporación de nuevos institutos en el Derecho de Familia y de todos los problemas bioéticos. "Esta última materia debe ser tratada en leyes especiales. En Francia, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que la sociedad sigue creyendo en el vínculo biológico. La persona quiere saber de dónde viene: no se queda con que fue procreada a partir de un gameto anónimo", postula Palmero.
La complejidad de la tarea reformadora y unificadora exigía menos precipitación y más estudio, según los tres juristas. Colombres Garmendia resume el itinerario del proyecto enviado al Congreso Nacional: "en febrero de 2011 sale el decreto que designa la comisión redactora y le da un año para elevar el anteproyecto. Esta presenta el trabajo en febrero de 2012. En dos meses, el Gobierno hace modificaciones sin decir 'agua va, agua viene' y remite el proyecto al Congreso. Allí, lo recibe una comisión bicameral que tiene 90 días para pronunciarse y, si no lo hace, se considera que el texto ya está en condiciones de ser debatido en el plenario. A esa velocidad, es imposible profundizar".
Argentina recorrió en un puñado de meses el proceso que otros Estados transitaron durante décadas. "Un cambio de este tipo nunca ha ocurrido así", opina Aparicio. Colombres Garmendia precisa: "en el camino, el Gobierno pesificó las obligaciones: se acabó la posibilidad de decidir que el contrato sea cumplido en moneda extranjera. Esto aísla completamente al país".
Faltó armonización y sobró fragmentación. "Detrás de nuestro código hay 150 años de jurisprudencia y doctrina que consolidan el sistema. Sólo vale la pena abandonar esa riqueza si lo que viene es muy bueno", desliza Palmero. Pero todo es tan nuevo y desconocido que esa excelencia aún resulta incierta. Y ya se sabe que la duda, que es amiga íntima de la Filosofía, se siente más bien incómoda en los dominios del Derecho.