La Fiscalía de la Vª Nominación, a cargo de Washington Navarro Dávila ordenó, en las últimas horas, una serie de medidas judiciales relacionadas a la denuncia penal que un empresario realizó en contra de dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) y del gerente general de su propia distribuidora mayorista.

Los empleados municipales están sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales.

Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía ordenó el allanamiento de las viviendas particulares de los inspectores que fueron denunciados penalmente por el delito de estafa. El martes, Navarro Dávila había ordenado una requisa en las oficinas de la Dipsa en busca de material probatorio para la investigación, pero el resultado fue negativo. El funcionario judicial indaga si se cometió una estafa en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en una causa penal que involucraría al gerente general de una distribuidora mayorista y a los dos inspectores del área. Según la denuncia, los trabajadores habrían hecho de gestores para el pago de tributos, pero los fondos nunca llegaron a las arcas municipales.

Paralelamente, Navarro Dávila solicitó requisas en los domicilios legales de los agentes municipales, que no dieron resultados positivos, puesto que las viviendas allanadas correspondían a los domicilios paternos donde ya no residen los trabajadores sospechados. Por este motivo, la Fiscalía Vª le remitió oficios a la Dipsa para que consigne los domicilios reales de los dos inspectores. El fiscal también ordenó el cruce de llamados que habrían realizado entre sí los empleados y el gerente de la empresa mayorista, informaron extraoficialmente desde tribunales. Además, instruyó a sus colaboradores para que investiguen el patrimonio de los municipales denunciados.

En una rueda de prensa en el Cementerio del Oeste, el intendente, Domingo Amaya, se refirió ayer al escándalo de la Dipsa. El jefe municipal confirmó que los agentes denunciados serán separados del cargo por 60 días, hasta que la Justicia defina la situación legal de cada uno. "Espero que esta gente (por los inspectores) no tenga nada que ver, y que sea sólo una cuestión del sector privado. Pero si no es así, se aplicará toda la fuerza de la ley que corresponda. Es por ello que fueron separados de sus cargos hasta que lo determine la Justicia", expresó el intendente capitalino. Sobre el pago de los tributos, Amaya recomendó hacerlo en los lugares habilitados por la Dirección de Ingresos Municipales. "Les digo a todos los contribuyentes, a todos los vecinos, que tienen que pagar sus tributos en los bancos debidamente autorizados, que son el Banco del Tucumán, la Caja Popular de Ahorros y el Banco de Santiago. En el caso de la denuncia, la empresa habría depositado el dinero en otro banco", explicó.

Tras el escándalo, Amaya le ordenó a la Fiscalía Municipal que elabore el decreto correspondiente para suspender por 60 días a los agentes de la repartición. Previamente, le solicitó informes a la Justicia sobre la situación judicial de los inspectores involucrados, a raíz de que impera el secreto de sumario en la causa.

La presunta estafa salió a la luz luego de que dueño de la distribuidora mayorista solicitara un informe de libre deuda impositiva a la Dirección de Ingresos Municipales, porque necesitaba realizar una operación comercial con otra empresa mayorista del medio. Desde la repartición municipal respondieron que no podían otorgar el certificado, puesto que la empresa en cuestión adeudaba más de $ 1 millón en concepto del Tributo de Emergencia Municipal (TEM). Luego de cruzar información con funcionarios municipales, el empresario pudo constatar que los recibos de pago que tenía su poder eran truchos, al igual que los sellos y las firmas de algunos empleados jerárquicos del municipio.

Una historia que se repite

A comienzos de 1999, cuando el bussismo comandaba los gobiernos provincial y municipal, el por entonces fiscal Anticorrupción, Esteban Jerez, había iniciado una pormenorizada investigación sobre la existencia de la denominada "municipalidad paralela".

El ex legislador había detectado en su pesquisa una entramada red de corrupción que involucraba a inspectores de la Dirección de Transporte en el cobro de coimas. Finalmente, los inspectores denunciados fueron sobreseídos por la Justicia. "Parece que nada ha cambiado desde aquella vez. Nosotros realizamos una importante investigación en la que detectamos que había inspectores que en esa época cobraban hasta $ 2.000 por una oblea trucha de taxi o remis. Me acuerdo que en un bar frente a la Terminal vieja filmamos a los inspectores organizando el cobro de las coimas. Lamentablemente, no se realizó acusación alguna y la investigación se disolvió. Los agentes municipales tenían casas lujosas y su nivel de vida no correspondía al de un asalariado", recordó Jerez.

El inicio de la polémica

El escándalo estalló cuando un empresario descubrió que su dinero destinado al pago de tributos no llegó a las arcas municipales.

Alertado de una presunta estafa, el contribuyente denunció penalmente a dos inspectores de la Dipsa y al gerente de su propia empresa.

La Fiscalía Vª ordenó allanar las viviendas de los agentes municipales, y el intendente Amaya resolvió separarlos de sus cargos por 60 días.

INGRESOS MUNICIPALES. El pago de tributos de una empresa nunca llegó a la repartición de 24 de Septiembre al 300.