Llegó noviembre y, con él, el ineludible momento de enfrentar ese diciembre que era fiesta y ahora es incertidumbre. El alperovichismo trajo una nueva tradición salarial: en el último mes del año se pagan los sueldos de ese mes, de enero y el medio aguinaldo. Pero el gobernador, antes de viajar a Dubai, encargó estudiar un "Plan B". Uno con el cual pueda seguir diciendo que paga dos haberes y medio juntos, aunque no vayan a estar tan "juntos" como de costumbre. Básicamente, pagar aguinaldo y diciembre a fines de ese mismo mes; y en los primeros días del otro año, liquidar enero.

La idea, de prosperar, sería que el desembolso se hiciera con sólo 10 días de distancia. La argumentación de los que estudian esa posibilidad es doble: para los estatales sería "prácticamente" lo mismo. Y, ante la Nación, no se daría una inconveniente idea de abundancia de fondos públicos.

¿Por qué importa el "qué dirá" la Nación? Porque, con el fantasma de la pesificación de los bonos chaqueños espantando los mercados, la Provincia vio la posibilidad de rescatar anticipadamente, y al 60% de su valor, los Consadep en dólares (luego emitiría bonos en pesos). Para ello, tiene reservas por unos U$S 17 millones, pero necesita el aval de la Nación. Sin el permiso, deberá usar el colchón verde para pagar el vencimiento de los bonos (lo que les conviene a los tenedores), en vez de sacarlos del mercado con una buena quita (lo que le conviene al Estado). Y para lograr la autorización, hay que poner cara de la administración provincial que necesita rescate.

Que la Casa Rosada no dé el visto bueno sería considerado "injusto" por el alperovichismo. Esa palabra, en el discurso de la Casa de Gobierno, revela no sólo la incomodidad que las políticas financieras de la Nación provocan en la administración local. Y también hacen patente la inquietud del oficialismo vernáculo. Porque Chaco no tenía U$S 200.000 para afrontar el vencimiento de uno de sus cupones y apostó equivocadamente a que, el último día, la Nación se los facilitaría. Tucumán, en cambio, tiene los recursos, incluso, para un rescate anticipado. Si la Nación dice "no", no será por razones económicas ni técnicas. Sino por cuestiones políticas. Y personales.

Por caso, la Presidenta que le dijo esta semana, al país y al mundo, que pagará en dólares los bonos Bonar y el cupón de crecimiento del PBI, es la misma que manda a las provincias a pesificar. Después de Chaco fue Formosa. Y en Tucumán temen que la Nación, por las buenas o por las no tan buenas, termine obligando a liquidar los dólares de la reserva "en otra cosa".

Para esto no, para este sí

Esa es la coyuntura. El trasfondo es que la política alperovichista priva de claridad a las cuentas públicas. Porque en la exploración del pago desdoblado en 10 días de los dos sueldos y medio también surge que la operación ya no se afrontará en un mismo Ejercicio Presupuestario, como ocurrió siempre, sino que se dividirá en dos: 2012 y 2013. Entonces, no hay plata para enfrentar de una vez la obligación.

Pero la misma Provincia sigue regalando subsidios a emprendimientos foráneos. Cuando no son call centers, son firmas que desarrollan software, a las que el Estado les paga desde alquileres hasta parte de la planilla salarial. La última "asistencia" convertida en ley cederá a una empresa radicada en Buenos Aires $ 11 millones, que provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes y las empresas tucumanas, que en lugar de alicientes para la inversión sólo reciben presión fiscal. Ya se sabe: durante el alperovichismo, el mejor negocio para invertir aquí es no ser tucumano.

¿Para qué no tiene plata el Estado tucumano? ¿Para quién sí? Esa es la opacidad oficialista. José Alperovich hizo que la Legislatura lo autorizara en mayo a tramitar un crédito de $ 400 millones en la banca privada. Pero después, comunicó que no iba a tomar el préstamo: la Nación lo frenó. Entonces decidieron manotear la Caja Popular de Ahorros y tomar $ 172 millones. Y la Asociación Bancaria denunció en Tucumán al ex interventor, Eduardo El Eter, y en el orden federal al titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Juan Bontempo, por avalar esa operación. El gremio puntualizó que la propia SSN, el 17 de octubre, advirtió que "Las 'Normas sobre Política y Procedimientos de Inversiones' sólo permitirán inversiones (...) hasta el 20% del capital a acreditar o el 20% del total de las inversiones (excluido inmuebles)". O sea, unos $ 49 millones. Es decir, $ 123 millones menos que los ya tomados por el Ejecutivo. El mismo que designó interventor de la Caja al parlamentario Armando Cortalezzi (no renunció a su cargo de legislador, sino que pidió licencia), pese a que la Carta Orgánica de la entidad prohíbe en su directorio miembros de poderes legislativos.

Ese Gobierno ahora dice que tampoco va a usar el dinero de la Caja Popular. Que sí "llega" a fin de año (no se descarta apelar al "descubierto" bancario, pero tampoco se reconoce oficialmente esa opción). Y que todo el problema es una pelea entre la Bancaria y el Gobierno.

El desafío para los tucumanos, entonces, es no caer en la trampa del reduccionismo alperovichista.

Mucho más que plata

Mal que le pese al gobernador, no se trata de una pelea entre él y el bancario Carlos Cisneros, que desde las 10 de hoy recogerá firmas en las peatonales para exigir la normalización de la Caja. Es algo varias veces más serio: se trata de la plata de los tucumanos. De qué hicieron con ella.

Más aún: no se trata sólo de "plata", sino de los bienes por los que pagan los tucumanos. Porque $ 172 millones equivalen a 63 escuelas, a $ 2,7 millones cada una, que es el costo promedio de obra que afrontó el alperovichismo. O es igual a cinco hospitales como el Néstor Kirchner, a $ 36 millones cada uno, costo de las obras de refacción y equipamiento del ex ADOS, financiadas por el PAMI. Pero el alperovichismo no tomó la plata de la Caja Popular para hacer escuelas ni hospitales, sino que la manoteó para pagar sueldos. Y entonces el asunto se pone más delicado.

El moribundo 2012 -quitando sábados, domingos y feriados- tuvo 244 jornadas laborables. Teniendo en cuenta que el Presupuesto provincial aprobado para este año fue de 14.000 millones, el alperovichismo dispuso de $ 57,4 millones por día hábil. Son muchas escuelas y muchos hospitales. Sin embargo, a la mayoría de las escuelas, a la casi totalidad de las viviendas públicas, a la nueva traza de la Ruta 38 y a todos los nuevos hospitales para Tucumán los paga la Nación.

¿Exactamente por qué "no le alcanza" al alperovichismo? Porque la Nación les mandó los recursos "a reglamento": sin las millonarias "yapas" discrecionales de los anteriores, contestan en Casa de Gobierno. El kirchnerismo tiene otra lectura: el alperovichismo nombró más de 25.000 empleados públicos de planta permanente en nueve años: asumió con 44.000 y cerrará este año con 69.387 (la cifra no incluye contratados). Y la oposición agrega que la empleomanía es una de las costosas facturas que hay que pagar de la fiesta electoral del 2011 de las tres elecciones: PASO, reelección de Cristina, recontra-reelección de Alperovich. Sólo ese año fueron efectivizados 9.152 estatales.

Pero también es reduccionista creer que todo es por la empleomanía. Si la Provincia que exprime contribuyentes, que tiene presupuesto récord y que recibe un 24% más de fondos nacionales que en 2011 (acorde a la inflación) está "corta" de recursos, el problema es que el alperovichismo no admite límites.

Formas y reformas

Durante la reforma constitucional de 1860, por la cual la provincia de Buenos Aires se sumó a la entonces Confederación, Sarmiento planteó que las conquistas plasmadas en la Constitución son "…una limitación puesta a la soberanía popular misma, ya que no pueden ser abolidas ni por otra Constitución, ni por la voluntad de pueblo alguno; pues no hay pueblo que pueda reclamar como suyas estas conquistas, ni renunciarlas por su voluntad".

Un siglo y medio después, el filósofo Ernesto Laclau, quien sostiene que la republicana alternancia de los gobernantes en el poder que exige la constitución liberal es cosa de conservadores, pasó por Tucumán. El politólogo, que postula que el populismo no funcionaría en Europa pero que está bien para América latina, abogó por la reelección sin límites y sostuvo que no es igual a la perpetuidad en el cargo, porque al populista se lo puede sacar por medio de los votos. Es una pena que no diera ejemplos...

Esa es la coyuntura. El trasfondo es que los rumores alperovichistas de reforma de la Constitución provincial son ensordecedores. Comenzaron como una humorada que el gobernador iba a gastarles a los legisladores: para bajarles la ansiedad, iba a prometerles enmienda para 2014, total quién sabe qué puede pasar hasta entonces. Cuando se subió al avión camino a Emiratos Árabes, las primeras líneas políticas que se quedaron en tierra ya tanteaban una fecha: los comicios de diputados nacionales de 2013.

Unificar la elección de convencionales constituyentes con la de diputados fue el plan de 2005. Se frustró porque el Movimiento Popular Tres Banderas logró un fallo favorable a su reclamo de actualizar la representación parlamentaria sobre la base del Censo 2001. La votación pasó a febrero.

Los voceadores de la fecha están conscientes de los "contra". Por un lado, facilitar la unidad opositora: quien no tenga lugar en la lista de diputados la encontrará en la de constituyentes. Por otro, el senador José Cano, la figura convocante entre los adversarios, podrá aparecer en las boletas.

A favor, destacan los especuladores alperovichistas, tendrán hasta al último de los delegados comunales buscando votos para los diputados que pide la Presidenta, porque en esa misma elección se jugará la propia continuidad. Agregan que se ocuparán de que la oposición no se unifique (siempre lo hacen) y que cuanto "más aquí" se vote, más a salvo estarán de los efectos de la crisis que avizoran "más allá".

Sobreviviendo

¿Y si la Casa Rosada se opone?

Sería considerado "injusto" por el alperovichismo. Esa palabra, en el discurso de la Casa de Gobierno, revela que los oficialistas están hablando nada menos que de su superviviencia y que, por ello, les incomoda la sola posibilidad de que la Nación considere que deben pedirle permiso para seguir existiendo. Pero también exhibe la inquietud de los que gobiernan estas tierras. Porque si el kirchnerismo habilitó la reelección indefinida en Santa Cruz, el "no" de Cristina no será por razones políticas. Será, evidentemente, por cuestiones personales...