El radicalismo cree que el escándalo de los sueldos compartidos entre obreros de la comuna de Santa Ana corrobora que el alperovichismo hizo de las delegaciones rurales bolsas de empleo político.
"El Gobierno usa la necesidad de la gente para financiar su caja política. Miente el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, cuando afirma que la responsabilidad por las irregularidades en las comunas no es del Gobierno. Hace un año que denunciamos que el oficialismo utilizaba a esas dependencias como caja política", alertó el senador nacional José Cano.
El presidente de la UCR local reclamó al PE que publique la lista completa de empleados comunales. "De un total de 93 comunas rurales, 40 tuvieron incrementos en su planta de personal y la mayoría de ellas pertenece a la sección Este. Jaldo fue candidato a legislador por esa zona electoral. No hacen falta más explicaciones. El circuito de la corrupción y el uso clientelar de los fondos públicos es más que evidente", remarcó.
El escándalo se destapó cuando Miguel Ángel Flores, quien era sereno de la sede comunal; Exequiel Berdía, que trabajaba en el área de saneamiento ambiental; y el albañil José Daniel Aredes llevaron su reclamo a LA GACETA. Según su versión, ellos prestaron servicios en Santa Ana durante cuatro años entregando el 50% de sus haberes, y no les renovaron el contrato cuando comenzaron a hacer planteos para recibir la remuneración completa. La subdelegada, Lucía Vázquez, admitió a este diario que muchos trabajadores de esa oficina comparten el sueldo, ya que no hay suficientes contratos para todos.
Ayer, el gobernador José Alperovich volvió a negar la injerencia del Estado. "Que actúe la Justicia. Mire, si alguien roba tiene que ir preso; más si es plata del Estado y de la gente. Acá no estamos cubriendo a nadie, absolutamente a nadie. Yo expliqué que para que no suceda eso hemos bancarizado. Hemos bancarizado para que todos los empleados, con su tarjeta, saquen el dinero y nadie se lo puede quitar", reforzó Alperovich.