El debate sobre la necesidad de una nueva ley de Financiamiento Educativo -caducó la norma que rigió de 2005 a 2010- divide las opiniones. Hay quienes reclaman que se cumpla con las metas financieras y educativas de inclusión en todos los niveles; y otros sostienen que una ley puede reemplazarse con presupuesto y políticas públicas.

Muchos funcionarios educativos de los 90 consideraron la meta y la Meca alcanzar en ese momento la inversión del 6% del PBI en educación, como aconsejaba entonces la Unesco para los países. Las gestiones del menemismo y de la Alianza se fueron "arrimando" con entre un 4,6 y más de un 5% de recursos nacionales destinados a la educación.

En los hechos, para algunos -como el ex ministro de Educación de la Alianza, el economista y sociólogo Juan Llach- el esfuerzo del gobierno de los Kirchner para alcanzar el 6% del PBI en educación no representó un gran salto cuantitativo. Y tampoco en la consecución de las metas en la enseñanza.

Cuando el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, y el actual, Alberto Sileoni, destacan que el Gobierno alcanzó y superó la meta de inversión, no mienten. Pero tampoco aluden a los objetivos que implicaba contar con una ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005 tras marchas, paros, protestas y otras medidas.

En un principio fue un reclamo de 1997 de la conducción de CTERA, por ese entonces liderada por Marta Maffei y Hugo Yasky. Ellos exigieron un fondo de recursos fijo que impidiera que a los docentes se les adeudaran sueldos, o se les abonara en forma segmentada, o con fuertes cifras en negro.

Muchas deudas

Hoy ya no se discute que los maestros son trabajadores y no sacerdotes ad honorem, pero sí que hay otras metas adeudadas que no vinieron de la mano del aumento del financiamiento.

"Tenemos que llegar al 10% de la inversión en el PBI en educación para universalizar la escuela media, y las salas de tres y cuatro años en el nivel inicial", manifestó Silvia Almazán, secretaria gremial de los docentes ceteristas de Suteba. En esos conceptos está resumido que ese 6%, meta de los años 90, hoy es insuficiente para lograr la inclusión de los niños y jóvenes en el sistema.

¿Qué plantea CTERA para reclamar una nueva ley de Financiamiento? Entre otras cuestiones, que no fue cumplida una de las metas: que un 30% de las escuelas sean de jornada completa; que no se superaron las inequidades entre las provincias; y que la Nación aún no revirtió la inversión del 60% que realizan las provincias al erario nacional.

Números para pensar

Por estos días, un informe de la Unesco sobre la importancia de universalizar la escuela primaria en el mundo ("Educación para todos 2012"), lanzó una fuerte advertencia respecto a América Latina. Hay unos ocho millones de jóvenes de entre 13 y 25 años que no finalizaron la educación básica.

Argentina queda bien posicionada en ese sentido respecto a la inversión en educación, comparada entre otros con Republica Dominicana, que está alcanzando un 1,7% de inversión. Sin embargo, a la hora de dejar de lado la estadística macroeconómica y observar algunos datos cruzados por la Cepal y la OCDE, de los períodos 2000-2001 y 2008-2009, se observan algunos hechos para reflexionar en lo que hace a rendimiento y calidad educativa.

Por ejemplo, Chile incrementó la inversión en educación de 3,9% a 4,3% del PBI y su desempeño en lectura en la prueba internacional PISA aumentó de 410 a 449 puntos. Brasil fue del 5% a 5,7% del PBI y su desempeño en la prueba PISA pasó de 396 a 412 puntos. Argentina aumentó su nivel de inversión en educación de 5,1% a 6% del PBI pero en la prueba internacional bajó de 418 a 398 puntos.

Cabe la pregunta y la duda entonces: ¿las leyes de inversión aseguran la calidad de la enseñanza, o son un complemento de las políticas públicas y de cómo se "bajan" esas medidas en las escuelas por directivos y docentes?