El abogado Oscar López presentó una denuncia penal en contra de las autoridades del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. El letrado le pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue si los miembros del TC incurrieron en los delitos de "falsificación ideológica de instrumentos públicos, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y extorsión en contra del diario LA GACETA", según consta en el escrito.
El abogado basó buena parte de su presentación en las columnas "Yo te Avisé" de Alvaro Aurane, publicadas por LA GACETA el 29 de septiembre bajo el título "¿Quién controla al Tribunal de Cuentas?"; y el 6 de octubre ("Silencio de poderes"). En estas piezas se describe la existencia de una cuenta bancaria con excedentes financieros del Tribunal de Cuentas cuyos fondos son usados sin fiscalización por el órgano que controla el manejo del erario.
En su denuncia, toma elementos de los artículos periodísticos: "el TC ha acumulado en su cuenta N° 0000020097995/3 - Excedentes Financieros", del Banco Tucumán, la friolera suma de $ 12,9 millones, fondos que equivalen prácticamente a diez (10) presupuestos anuales del organismo que, de este modo, podría funcionar durante una década sin depender de un presupuesto anual".
Paralelamente, el peronista disidente pretende que la Justicia penal determine si el Tribunal de Cuentas ha incurrido en el delito de extorsión contra este diario, al requerir a la Secretaría de Prensa y Difusión de la provincia que solicite un pedido de explicación a LA GACETA por la tarifa que esta aplica a las pautas que contratan los anunciantes oficiales. Así lo requirieron Terraf y Díaz Ricci en el Acuerdo N° 2.975, publicado en la edición del viernes.
"Deberá igualmente investigarse si el Acuerdo Nº 2.975 suscrito por los acusados constituye un abuso de autoridad y/o extorsión, en contra del Diario LA GACETA, motivada por la difusión del manejo discrecional que practican sobre $ 13 millones del erario público que debieran haber controlado, en flagrante violación de derechos, principios y garantías constitucionales referidos a la libertad para ejercer toda industria y trabajo lícitos, fijando los precios de sus productos en función de las condiciones que presenta el mercado y la economía", advirtió López en el escrito.