Editorializar sobre la función de la prensa en la democracia y sobre los ataques que esta padece por criticar al poder es toda una tarea para una empresa periodística. Sin embargo, los desbordes de algunos de los que circunstancialmente conducen las instituciones del Estado obligan a recordar una y otra vez que esos excesos a menudo afectan el ejercicio de la libertad de expresión, con consecuencias funestas para la democracia.
LA GACETA expone el déficit de transparencia del Gobierno provincial siempre que puede acceder a los datos y fuentes que así lo acreditan. También hace públicos los intereses compartidos entre autoridades de instituciones que están obligadas a controlarse entre sí. Esta praxis informativa, que es la quintaesencia del periodismo ("contar lo que el poder desea que permanezca oculto"), parece ser la causa eficiente del acuerdo entre Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas (TC), para objetar el derecho de este diario a establecer los precios de los productos que comercializa.
Ambos funcionarios han promovido un pedido de explicación a LA GACETA por la tarifa que esta aplica a las pautas que contratan los anunciantes oficiales, entre ellos, la Secretaría de Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo (SPyD). Aunque no tiene antecedentes en los 100 años de historia de este diario, tal requerimiento en sí mismo sería elogiable si, por un lado, respondiese al legítimo control de un acto que signifique disposición de fondos públicos (atribución prevista en la Ley de Administración Financiera) y, por el otro, fuese formulado por igual a todos los contratantes de la SPyD.
Pero el TC ha dirigido su celo sólo contra LA GACETA con un cuestionamiento que desconoce tres principios jurídicos elementales: la libertad del medio para establecer el precio de sus productos; la libertad del Gobierno para contratar y la manifiesta incompetencia del TC para objetar las tarifas de una empresa periodística privada. El TC desconoce que LA GACETA es libre para definir sus cuadros tarifarios (y para negociarlos), como la SPyD es libre para pautar en sus ediciones. Conviene recordar que en el último año los ingresos por publicidad estatal representan apenas el 1,7% de la facturación de la firma, porcentaje que demuestra que el Gobierno prefiere destinar a otras empresas la mayor parte de los recursos que dispone para publicitar sus actos.
La actuación de los vocales del TC contra LA GACETA en este caso se suma a las cartas documento que Terraf solo y en compañía de sus pares, Díaz Ricci y Marcelo Vidal, enviaron en mayo para exigir la ratificación o rectificación de una nota de Federico van Mameren, secretario de Redacción de este diario, que daba cuenta del nombramiento discrecional de la lega Gabriela Terraf, hija del presidente del TC, como jueza de Paz (la designación fue decidida por el gobernador José Alperovich y el ministro Edmundo Jiménez). En esa pieza, Van Mameren opinó: "el organismo oportunamente supo marcar graves errores del Ejecutivo; si lo hace ahora, se puede interpretar que busca disimular estas cuestiones parentales y, si no encuentra fallas, servirá para justificar esa ineficacia". El 3 de mayo pasado, LA GACETA ratificó la información en estos términos: "la columna contiene una opinión crítica sobre un hecho cierto y el texto (...) tampoco presenta acusaciones o imputaciones delictuosas en contra del presidente del TC".
En septiembre, el columnista Álvaro Aurane divulgó la existencia de una cuenta bancaria con excedentes financieros cuyos fondos son usados sin fiscalización por el órgano que controla el manejo del erario. Apuntó, además, que el Poder Legislativo que aprueba el presupuesto y la cuenta de inversión tiene asimismo la responsabilidad de fiscalizar al TC. Tras comentar que ambas instituciones no publicitan sus rendiciones de cuentas, Aurane recordó que el Tribunal aprueba sistemática y rutinariamente la ejecución de la partida de gastos sociales que los legisladores justifican con recibos informales.
Tras las publicaciones sobre nepotismo y opacidad en la administración de fondos públicos, realizadas en legítimo ejercicio de la libertad de expresión, el TC primero intima a dar marcha atrás con lo informado y, luego, se manifiesta mediante un infundado e ilegítimo cuestionamiento del precio de la pauta que LA GACETA cobra al Gobierno. El desconocimiento de los estándares lógicos del mercado comercial publicitario lleva al TC a sobrepasar las facultades que posee para controlar cómo se ejecuta el presupuesto del Estado. El órgano que dirigen Terraf, Díaz Ricci y Vidal ha extremado ilegítimamente sus facultades para incomodar al diario que osa criticar su desempeño. Para matar el mensaje comprometedor, una vez más, pretenden ensuciar al mensajero. En el medio, la libertad de prensa recibe amenazas de autoridades que no aceptan que el diario investigue el nivel de transparencia con el que ejercen sus funciones públicas.