"Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o las resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo incumplimiento le incumbiere". Artículo 248 del Código Penal
El miércoles, la Legislatura concretó el primer levantamiento en contra de la Constitución de los tucumanos desde el retorno de la democracia, hace casi 30 años. En el inciso 2 de su artículo 43, la Carta Magna provincial establece que el sufragio, derecho y deber inherente a la condición de ciudadano argentino, rige desde los 18 años. Pero el oficialismo se alzó contra esa disposición y sancionó una ley según la cual, en esta provincia, se podrá ir a las urnas a los 16.
El alperovichismo, mediante su inconsciente colectivo, escoge fechas simbólicas para mancillar las instituciones y gritar lo que, conscientemente, calla. La mayoría gobernante decidió violar la Ley Fundamental el 17 de octubre. El Día de la Lealtad Peronista, en esta provincia, ha quedado resignificado por los legisladores: es el día de la Deslealtad a la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir, porque lo único que importa es ser leales al gobernador y a ese principio tan profundamente antirrepublicano y antidemocrático como es la eternización en el poder.
Se busca que la Justicia fulmine de nulidad la norma recién sancionada. Entonces, el poder político dirá que lo obligan a cambiar la Carta Magna. El oficialismo lo blanqueó en LA GACETA del domingo: "Si plantean la inconstitucionalidad, será el inicio de otro round". Manosearán la Ley Fundamental. Fijarán la reelección indefinida. Legalizarán el aborto de la alternancia en el poder.
La excusa
Queda claro que el debate acerca de si los jóvenes de 16 y de 17 deben gozar del derecho a votar es inadmisible en Tucumán bajo la Constitución que el alperovichismo reformó hace sólo seis años (es en virtud de los que hoy gobiernan que esos adolescentes no pueden votar, y no al revés). Pero en el apuro por sancionar esa norma se advierte, también, que ese debate, aquí, es una excusa. En la remota hipótesis de que prosperara, la norma sólo podrá ser aplicada en 2015. O sea, los chicos que hoy tienen 16 serán entonces adultos de 19 años. ¿A qué se debe la urgencia? A que a 2015 hay que llegar con la Constitución cambiada, y para eso hay que obtener un fallo contra el voto a los 16, luego declarar por ley la necesidad de la reforma, efectuar elecciones, y al final convocar a una Convención Constituyente que habilite más reelecciones.
Si lo que importa, en verdad, no es el pueblo, por lo menos no tomen su nombre en vano.
La disyuntiva
Es un primor que el gobernador y sus "leales" afirmen que si quisieran más reformas y reelecciones lo dirían "de frente". Incapaces de blanquear que querían tres mandatos seguidos y no dos, introdujeron el incoherente artículo 159 en la Constitución de 2006, según el cual el primer mandato alperovichista (2003-2007) no es tal. El segundo (2007-2011), en realidad, es el primero. Y el actual, (2011-2015) es el segundo. Sin que nadie los obligara, promulgaron esa reforma el 6 de junio de 2006: el 6/6/6. Y tan curioso como el inconsciente colectivo alperovichista es la frontalidad oficial: al que declara que no le "entra en la cabeza" que, en democracia, sindicalistas peronistas se reúnan con parlamentarios radicales, sí le cabe que una ley diga que se votará a los 16, cuando "su" Constitución ordena que sólo puede sufragarse a los 18.
Eso sí: lo que ha hecho el alperovichismo es injustificable pero no impensable. Y pone a Tucumán ante una disyuntiva, que el constitucionalista Rodolfo Burgos halla en el histórico caso "Marbury vs. Madison", en EEUU. "Hay sólo dos alternativas -demasiado claras para ser discutidas-: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes, y, por lo pronto, como cualquiera de ellas puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; pero si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo por limitar un poder ilimitable por naturaleza", sentenció en 1803 el juez supremo, John Marshall. Gobernaba Thomas Jefferson, del que algún alperovichista se acordó para justificar reformas, pero no para hablar del control de constitucionalidad.
La gravedad
La ley con la que bastardearon el Día de la Lealtad no es inconstitucional: es anticonstitucional. No es que no se ajusta a principios de la Carta Magna: está en contra de lo que ella establece. Lo que pone de manifiesto el proceso de deconstitucionalización del sistema político de esta provincia.
Este proceso sigue con rigurosidad el derrotero que describe Luigi Ferrajoli, el politólogo italiano al que la UNT le dio este año el doctorado honoris causa, en su libro Poderes salvajes. Se evidencia en la construcción de un régimen antiliberal basado en el consenso (o, cuanto menos, en el silencioso y pasivo consentimiento de buena parte de la sociedad tucumana) a una amplia serie de violaciones ya no sólo del espíritu sino de la letra misma de la Carta Magna. El nuevo orden conservador, que manda a dormir a todo el mundo a las 4 AM, fragua su fraude antes de los comicios: no da vuelta urnas, sino que vuelca el orden jurídico. Y eso no es lo más alarmante.
Lo grave del Gobierno no es sólo el rechazo a la Constitución (que es su propia Constitución), sino el repudio al propio constitucionalismo. La repulsión "de los límites y de los vínculos constitucionales impuestos a las instituciones representativas -alerta Ferrajoli-. Ello resultó en la progresiva transformación de hecho de nuestro sistema político en una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización de ese complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones que constituye la sustancia de la democracia constitucional".
La esencia de la deconstitucionalización es la perversión de una bendición. El consenso popular es la gran fuente de legitimación del poder político, pero los deconstituyentes pretenden que ese consenso sirve para legitimar todo abuso y, peor aún, para deslegitimar toda crítica y control. ¿Qué sigue? No soportar el pluralismo político y constitucional. Y desvalorizar las reglas. Y atacar la separación de poderes, a las instituciones de garantía, a la oposición y a la prensa libre. Y pautar un paradigma en el cual, por primera vez en un siglo, a la prensa libre le frena publicidad un ente de control que -según publicó la misma prensa libre- guarda $ 13 millones fuera del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales: el equivalente a 10 años de gastos de funcionamiento, para uso discrecional...
La limitación
La deconstitucionalización también les cuesta a los tucumanos en términos económicos. Eso plantea en la Justicia la Asociación Bancaria, que ayer denunció por la presunta malversación de caudales públicos al titular de la Caja Popular de Ahorros, Eduardo El Eter, a quien el lunes también denunciarán por supuesto daño patrimonial en perjuicio de esa entidad.
La razón: el alperovichismo que va "de frente" nombró 25.000 estatales y hoy tiene 69.000, y que esperó en vano $ 750 millones discrecionales de la Nación, no se quedó sin plata. Nada que ver. Sino que cuida a la Caja y por eso manoteó el fondo de garantía de los seguros y, en su lugar, dejó Letras de Tesorería. El gobernador dijo, "de frente", que iban a ser $ 170 millones para el aguinaldo. Pero la ley no fija montos ni destino. Lo que quiera y para lo que guste.
Pero parece que como la limosna es grande, en San Martín al 400 desconfían. Y en la Caja no bastó con la autorización genérica de Juan Bontempo del 26 de septiembre y siguieron escribiendo. Claro que ya no a Bontempo, por la inminente la denuncia penal de la Bancaria y del diputado radical Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas, que ya se reunió con Carlos Cisneros.
El 10 de octubre, la Caja le consultó al gerente de Evaluación de la SSN, Héctor Aramburu, "cuál es el límite (porcentual del total de inversiones) a invertir por Caja" en la operatoria con el Gobierno, "a fin de no incurrir en incumplimientos" con la Ley de Seguros 20.091 ni con normas de la SSN.
Ironías de la historia, la respuesta de Aramburu llegó el 17 de octubre. "Las Normas y Políticas sobre Procedimientos de Inversiones deben ser aprobadas bajo responsabilidad y por intermedio del órgano de administración de la entidad aseguradora", o sea que la responsabilidad es de la Caja, "y bajo los criterios de prudencia definidos en el punto 35.3" de la Resolución 21.623 de la SSN. Allí dice: "Las 'Normas sobre Política y Procedimientos de Inversiones' sólo permitirán inversiones (...) hasta el 20% del capital a acreditar o el 20% del total de las inversiones (excluido inmuebles)".
"El Gobierno sólo puede tomar de la Caja Popular entre $ 48 millones y $ 49 millones", sostiene Cisneros. En cambio, ya se hizo de $ 172.610.342. Con 37 centavos.
"Pero eso es ahora. Desde 2004 hasta el 16 de octubre pasado, el Gobierno sacó de la Caja $ 33.683.034,37 en concepto de subsidios, obviamente, para los amigos del poder. Así cuida Alperovich a la Caja", detalla el bancario.
¿Habrá sido mucho para El Eter? Lo reemplazará Armando Cortalezzi. La vacante que dejará en la Legislatura permitiría la llegada del denunciado ex titular de la DAU, Miguel Brito, a una banca con fueros, pero el oficialismo confía en que el ex funcionario no asumirá y que en su lugar jurará el titular del Registro Civil, Dante Loza.
La sustitución
Millones de pesos se cambian por Letras porque lo mismo pasó con la ley. Constituciones y códigos son reducidos a letras: palabras que se cambian por palabras.
Donde dice dieciocho que diga dieciséis. Donde dice segundo que diga primero. Donde dice veinte por ciento que no diga nada. Donde dice estado constitucional de derecho que diga alperovichismo.