MONTEVIDEO.- La aprobación por parte del Congreso de Uruguay de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y despenaliza el aborto en determinadas circunstancias, generó apoyos, rechazos y disidencias casi en igual proporción.
La titular de la alianza gobernante Frente Amplio (FA), la senadora Mónica Xavier, destacó que la norma "es un paso adelante". Así también lo entiende (según declaraciones anteriores a la sanción de la ley) el propio presidente, José Mujica, quien tiene ahora la última palabra ya que debe firmar su promulgación, como anticipó que lo hará, o un impensable veto. Luego, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la implementación precisa de la norma, que tendrá dificultades prácticas, según coinciden muchos políticos.
Hay otros sectores de izquierda, escindidos del FA y nucleados en la Asamblea Popular, como así también la organización Mujeres y Salud, que reclaman directamente la legalización total del aborto por la sola voluntad de la mujer y sin ningún tipo de condicionamientos. "Ellos ponen las condiciones y nosotras el cuerpo", sostuvo la vocera de esta última entidad, Marta Aguñin.
Enfrentado a esta posición, un amplio espectro político y social está radicalmente en contra de legalizar el aborto, con variados argumentos que van desde la ética hasta la economía.
"La ley aprobada es una herida a la Nación, a las más nobles tradiciones de nuestra tierra", sostuvo la Vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo. "Esta decisión va contra el primer derecho humano que es a la vida; contradice la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica; es una agresión al ser humano más inocente y a la sociedad uruguaya en su conjunto; y es una ofensa a Dios Creador", agregó la Iglesia, que además expresó su comprensión por el "drama" de muchas embarazadas, pero señaló que existen otras opciones al aborto.
En el campo de las acciones concretas, el opositor Partido Nacional (PN) anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas para interponer un recurso de referendo y someter el tema al voto directo de la ciudadanía. El diputado de este grupo, Pablo Abdala, señaló que buscan apoyos en connotados dirigentes de las otras tres expresiones con representación parlamentaria: el dividido FA (algunos de sus legisladores votaron por disciplina interna) y los partidos Independiente y Colorado.
Otras estrategias serían interponer una acción de inconstitucionalidad, como la que planteó el senador colorado Pedro Bordaberry; o conformar una Comisión Nacional Pro Derogación, bajo la consigna "La vida no se plebiscita", como postula el diputado blanco (PN), Javier García.
Los médicos, a su vez, advirtieron que quieren tener una participación "activa" en la reglamentación. "La ley es letra fría; nosotros debemos bajarla a tierra porque somos quienes la vamos a aplicar", subrayó el presidente de la Sociedad Ginecotocológica, Gustavo Ferreiro. La sociedad médica privada Círculo Católico, en tanto, anticipó que sus miembros se negarán a practicar abortos, aunque la ley obliga a prestar el servicio a instituciones públicas y privadas. (DPA)