Los accidentes de tránsito que involucran a rastras cañeras, transportes pesados de carga y a motociclistas mantienen una dramática actualidad en nuestra provincia. Aunque a diferencia de años anteriores, las estadísticas parecen exponer una cierta disminución de esos percances, el porcentaje de muertes y heridos como consecuencia de los choques en las rutas tucumanas no deja de generar preocupación.

Las crónicas y las denuncias de vecinos o de afligidos testigos de esos hechos que los medios, y, especialmente LA GACETA, reproducen casi todas las semanas la tragedia y el dolor de los involucrados en esos incidentes y los daños en los bienes y en las propiedades personales y públicas. Pérdidas de vidas humanas, heridos de distinta consideración, destrozos de rodados y daños en el patrimonio individual, además de los costos que genera la atención médico-hospitalaria de los accidentados, la zozobra y los dramas familiares que traen consigo estos episodios, junto a otros múltiples gastos, trastornos y requerimientos en los que la cobertura de los servicios que realiza el Estado a veces no se contemplan, son las caras más visibles de la trama.

Se sabe que un incremento de estas circunstancias ocurren en los períodos de mayor movimiento de las industrias tucumanas: la zafra azucarera y la cosecha de limones. Todos los años, entre mayo-junio y octubre-noviembre el caudal de vehículos y el flujo de movimientos en las rutas, en especial la 38, crece de una manera superlativa; lo mismo que los percances. Una mezcla de imprudencia, excesos de peso en los camiones con caña o limones, falta adecuada de señalización e iluminación, casos de directa incompetencia al volante, la sobrecarga de una carretera troncal y clave para la economía provincial y regional, que pese al desarrollo de la nueva traza sigue concentrando un fuerte movimiento, esterilizan muchas veces los avances que se observan en los operativos de controles policiales y en las campañas de concientización vial. Y el círculo podría cerrarse también con los escasos progresos que registran la construcción de los caminos alternativos y de rutas comunales y vecinales que debieran ayudar a disminuir el flujo de carga por las principales carreteras, especialmente por la ruta 38, largamente reclamados desde la opinión pública y desde los sectores productivos y de servicios.

Las estadísticas accidentes viales que lleva la Dirección General de Transporte de Tucumán dan cuenta de que durante 2011 se registraron 160 muertes en la rutas, frente a 166 en 2010 y 172, en 2009. Revelan además que en el período se produjeron 2.505 accidentes en los que estuvieron involucrados motociclistas. Aunque los estudios de 2012 están en la etapa de proceso, tanto las autoridades del área como las policiales aseguran una baja en la tasa de este dramático censo. Pero mientras se confirma ese mayor compromiso en los controles y en la orientación de la política de seguridad, la búsqueda de una respuesta global, integrada, sistemática y permanente al problema debería figurar en uno de los principales lugares de la agenda oficial hasta transformarse en una estrategia de Estado. Las crónicas de los accidentes nos recuerdan esos hechos: motociclistas que viajan a alta velocidad sin cascos, vehículos de carga estacionados sin las luces reglamentarias, exceso de velocidad, detenciones imprevistas, vehículos sin seguros, secuelas desgarradoras. En muchos casos son irresponsabilidades, excesos o errores que ponen en riesgo el valor de la vida, acaso el bien más preciado del ser humano. Pero ese precio moral nunca debiera estar en juego.