Luciano Benjamín Menéndez, el represor que ya fue condenado a prisión perpetua en esta provincia por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar, no estará en el banquillo de los acusados en septiembre, cuando comience el debate oral y público en la megacausa "Arsenales" y "Jefatura de Policía II".

El ex militar, de 84 años, padece enfermedades crónicas graves, según el informe médico que fundamenta la resolución de los vocales del Tribunal Oral Federal (TOF), Gabriel Eduardo Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subroga a Alicia Noli).

La megacausa "Arsenales-Jefatura" investiga desapariciones y secuestros, y tiene 41 imputados y más de 200 víctimas de diferentes delitos considerados de lesa humanidad. Entre los procesados está Menéndez, quien era comandante del III Cuerpo del Ejército y tenía jurisdicción sobre Tucumán, donde las tropas militares actuaban al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi (ambos fueron condenados por el homicidio de Guillermo Vargas Aignasse).

El TOF recibió un informe de los peritos de la Corte de la Nación. En el texto, los especialistas indican que el represor tiene antecedentes cardíacos graves. Los magistrados también tuvieron en cuenta que el imputado ya había sido separado de otros dos debates por delitos de lesa humanidad en Tucumán.

Este juicio se realizaría a principios de septiembre, según le dijeron fuentes de la Justicia federal a LA GACETA, pero no se ha fijado fecha oficialmente. Sin embargo, los vocales decidieron suspender el proceso contra Menéndez dado que "sus condiciones de salud dan cuenta de una situación que no puede avizorarse que vaya a variar en el futuro", indica la resolución.

El TOF, además, analizó un planteo de otro procesado, el escribano Juan Carlos Benedicto, primer civil que llegará al banquillo en una causa sobre derechos humanos en la provincia, y que estuvo prófugo durante casi seis meses. El sospechoso de homicidio y otros delitos había pedido permiso para rendir la materia Derecho Romano II en la Facultad de Derecho de la UNT. Dado que ya se fugó de un neuropsiquiátrico y por los delitos que se investigan, el TOF rechazó el planteo.