Sin duda, una de las principales causas del insomnio de miles de tucumanos es la inseguridad. Esta se hace más evidente cuando los presos se fugan de una comisaría, que es -o debería serlo- sinónimo de protección, de seguridad. Esta situación que sucede no tan esporádicamente, ocurrió, por ejemplo el sábado pasado, cuando cinco peligrosos malhechores huyeron de la comisaría de Los Pocitos: se hallan prófugos desde entonces. Los delincuentes, de entre 20 y 30 años, habían sido arrestados por robo agravado, tenencia de drogas y homicidio.
Según un camarista, se ordenan los traslados de los detenidos a Villa Urquiza, pero el penal tiene los cupos cubiertos. El magistrado sostuvo que existe un vacío normativo y de infraestructura. "Las comisarías no están para eso. Una vez que se dicta la prisión preventiva deberían trasladarlos automáticamente al penal", señaló.
Se estima que son más de 350 arrestados en la provincia. De acuerdo con datos policiales, en San Miguel de Tucumán, hay 155 detenidos con causas penales, tanto en las distintas seccionales como en la Brigada de Investigaciones. En la Regional Norte, son 42 los detenidos; en la Regional Este, 89; en la Regional Oeste, 30; y en la Regional Sur, 37.
Esta situación de precariedad y en muchos casos de hacinamiento por falta de espacio o de celdas, viene desde varios años atrás con el incremento progresivo de la delincuencia. En junio de 2004, el entonces secretario de Derechos Humanos se había apersonado en la comisaría primera a raíz de denuncias realizadas por madres de dos penados alojados allí. El funcionario constató que estos permanecían arrestados junto con otros 20 presos en una celda de cuatro metros de ancho por tres de largo. Debido que por la noche se reducía la guardia policial y había menos frecuencia de permisos para ir al baño, comprobó que muchos de ellos hacían sus necesidades en la misma celda y que el olor era insoportable. El funcionario dijo que de los 22 presos, había 10 que estaban encausados y 12 que tenían contravenciones. La Justicia comprobó luego que la Unidad 6 de la cárcel de Villa Urquiza, donde debían estar alojados los acusados hasta su juzgamiento, estaba colmada. Por esa razón, se los dejaba en las dependencias policiales, junto a menores y a contraventores.
En diciembre de 2010, fuentes policiales dijeron que el conflicto por la falta de cupos en Villa Urquiza venía desde hace mucho tiempo. Por un desacuerdo económico entre la Nación y el servicio penitenciario provincial, tampoco eran recibidos los detenidos por causas federales. En ese penal había en ese entonces unos 900 presos, entre condenados y procesados. De ellos, unos 200 pertenecían a la Justicia Federal, mientras que en las comisarías, en la alcaldía de la Brigada de Investigaciones y en otras dependencias había unos 350 presos por causas penales.
En ocho años, no hubo mayores variaciones en este asunto. En 2008, se demolió la comisaría primera y hace pocas semanas se iniciaron las obras. Se anunció que en 2011 se construiría una alcaidía policial para descomprimir otras dependencias y se crearía una seccional con jurisdicción en la zona sudoeste de la capital. En junio pasado, se presentó en la Legislatura un proyecto que impulsa la construcción de un nuevo penal. Mientras la ciudadanía espera que los anuncios se hagan realidad, sigue padeciendo la acción de los delincuentes y la ineficacia del Estado para protegerla.