BUENOS AIRES.- La Justicia federal tramita una causa en la que se investiga si la presidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios supuestamente cometieron irregularidades con los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), que ayer fue disuelta por el Gobierno Nacional.
La causa está caratulada "Fernández, Cristina y otros s/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico" y lleva el número 3010/12 en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la secretaria Andrea Santos.
El juez libró dos oficios: uno al Banco Nación para que informe cuánta plata de las obras sociales en el APE tiene depositada y otro a la propia APE para que declare cuánto dinero les reintegró a aquellas".
El sostén financiero de la APE se nutre de porcentajes descontados a las cargas sociales de cada trabajador y su empresa, y los fondos deben ir destinados a programas especiales para pagar tratamientos de enfermedades especiales, HIV, drogas, prótesis, entre otros
Los fondos que no lleguen a gastarse en esos rubros deben ser reintegrados a las obras sociales y es por ello que el líder de la CGT, Hugo Moyano, y otros dirigentes gremiales vienen reclamando al Gobierno el reintegro a esas entidades de entre $ 12 mil y 20 mil millones, según cada sector. Para el denunciante en la causa, el abogado Jorge Vitale, el Gobierno "le debe a las obras sociales $ 25.960 millones" mientras que "lo que figura en el Banco Nación como cuenta de este rubro es $ 6.200 millones". ¿Dónde está el resto?", se preguntó. Para el letrado "no existe información adecuada sobre estas cuentas" y es de presumir que al dinero "se lo utilizó para otras cajas, como son subsidios, caja negra, y en el mejor de los casos hay títulos o bonos de nuestra deuda, lo que implica que es otro vaciamiento". (DyN)