El siglo XX terminó escandalosamente para el Destacamento Tucumán de la Gendarmería Nacional. Entre finales de 1999 y comienzos del 2000, la institución fue sacudida por la exposición de irregularidades con encomiendas secuestradas so pretexto de contrabando y la sospecha de corrupción.

El caso involucró a cinco gendarmes: Juan Alberto Kaleñuk, ex número uno de esa organización e histórico colaborador directo del gobernador José Alperovich; Edgardo Franco, ex número dos; Julio Zavaleta, ex jefe de Depósito, y a los entonces alférez Hilario César Firpo Banegas y subalférez Miguel Ángel López. Además, el Juzgado Federal N° 2 a cargo del ex magistrado subrogante Mario Racedo procesó a los civiles Carlos Moya y Valentín Flores.

Doce años después, la investigación elevada a juicio oral en 2008 y recibida en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) a finales de 2010, ha quedado en la nada respecto de Kaleñuk. En mayo pasado, los magistrados Carlos Enrique Jiménez Montilla y Luis Eduardo López (reemplazó a Gabriel Casas, que se excusó de conocer en la causa, mientras que la vocal Alicia Noli no participó del dictado de la resolución por estar fuera de la provincia) sobreseyeron al funcionario alperovichista y ex jefe de Policía mirandista esgrimiendo que había transcurrido el plazo razonable para juzgarlo.

Pese a que la acción penal no estaba prescripta, el fiscal general Leopoldo Peralta Palma dictaminó en el mismo sentido que los jueces mencionados.

Le dieron la espalda

Dicha resolución dio la espalda a los hallazgos de Emilio Ferrer, ex fiscal federal N° 1 (se jubiló en 2010), que en su requerimiento de elevación a juicio de agosto de 2007 -acto que interrumpe la prescripción- expresó que había constatado la venta de mercadería secuestrada en dependencias del Destacamento.

Según Ferrer, Martínez retiraba y vendía las encomiendas secuestradas en combinación con Moya y Flores. El gendarme, al igual que su compañero Firpo Banegas, firmaba actas de secuestro de bultos que luego desaparecieron de Gendarmería. En total, Ferrer constató que, entre 1998 y 1999, se extraviaron 1.723 cajas del Destacamento. Flores luego declaró que la mercadería era vendida por orden y cuenta de los jefes de Gendarmería y que, posteriormente, los compradores la revendían en el mercado Persia o en la ex Terminal de Ómnibus.

El fiscal además citó los corolarios del sumario interno elaborado por disposición del comandante principal Juan Pedro Rubio, que había reemplazado a Kaleñuk como jefe del Destacamento. Según Ferrer, este sumario concluyó que las irregularidades halladas (en procedimientos de secuestro en los puestos de Molle Yaco y La Florida) evidenciarían graves falencias en el ejercicio de la acción de comando por parte de Kaleñuk y Franco, como así también la absoluta falta de control en el tratamiento de las encomiendas y en el incumplimiento de los preceptos legales sobre la materia.

Como consecuencia de este sumario, el Ministerio de Interior de la Nación dio de baja a Zavaleta con el argumento de que "resultaba inepto para sus funciones" y declaró en situación de retiro obligatorio a Franco.