BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado investiga un anónimo en el cual se acusa a Mario Cirigliano, directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), de ser quien dio la orden para ocultar documentación contable en la causa por la tragedia ferroviaria de Once que provocó 51 muertos. La investigación se da luego de que, el viernes pasado, la Cámara Federal ordenó al juez Claudio Bonadío que excarcele al abogado de TBA, Carlos Lluch. El anónimo llegó vía correo electrónico (e-mail) a la casilla oficial de la Fiscalía Federal Nº 6, a cargo de Delgado, y en él se informa que Sandra Ramírez, gerenta de marketing del Grupo Plaza (empresa de los Cirigliano), ejecutó la ocultación y quema de papeles.
Además, Ramírez -según el e-mail- "persona de la máxima confianza de Mario Cirigliano", fue quien contrató fletes para sacar los documentos de las oficinas de TBA, cuando el Gobierno nacional le quitó la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento, y que fue descubierta por la policía federal "in fraganti". Luego, parte de los papeles fue encontrada en la fábrica de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) de los Cirigliano, y también Bonadío, por testigos, acreditó que una parte fue quemada en volquetes. "Todo lo que hace Ramírez es por indicación de Mario" e "inclusive la quema de documentación en los volquetes", sostiene el mensaje enviado desde una casilla de la cual no se pudo determinar su identidad, y que sólo firma con el nombre de Alex.
Por último, reclamó una investigación hacia Ramírez y su "único jefe", y puso la lupa sobre el gerente de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Fernando Cortés: ¿no tiene nada que explicar sobre el accidente?".
Delgado encaró una investigación a partir de ese e-mail, y si bien la Policía Metropolitana no pudo determinar el origen e identidad del correo, hay en marcha otras medidas de prueba. Esta semana, el fiscal prevé tomarle declaración testimonial a uno de los fleteros que trasladó la documentación; se espera que informe quién dio la orden para llevar a cabo la maniobra. En caso de certificar los dichos y haber pruebas, Delgado tomará la determinación de presentar la denuncia o archivarla.
La documentación es sobre los subsidios que recibía (TBA) del Estado. El fiscal sospecha que los directivos de la empresa los destinaban hacia otros fines, en lugar del mantenimiento y funcionamiento del servicio ferroviario. La sospecha incluso es que con ese dinero el grupo Cirigliano compró dólares o bien invirtió en otras de sus empresas, y por ello Delgado había pedido a Bonadío que ordene una pericia contable sobre los $ 1.167 millones en subsidios que cobró TBA del Estado. (NA)