"El delito de la trata de personas tiene más defectos que virtudes en su redacción, creado en 2008, aunque existía el fenómeno antes, adaptados a los otros tipos penales. La explotación sexual está socialmente aceptada en nuestro país, esto hay que reconocerlo. El Ministerio Público de la Nación ha emitido instrucciones a los fiscales en donde insta a profundizar la investigación de las complicidades de los funcionarios públicos, policías, políticos. En la investigación, la intervención de las fuerzas de seguridad en los casos de trata con fines de explotación sexual en muchas veces fue irregular, lo que queda en el ámbito administrativo, pero otras veces es delictual, lo cuál es mucho más grave. El fenómeno de la trata es complejo, no se reduce a estructuras mafiosas, sino que también vincula a las estructuras de poder. Hay un informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) sobre 47 casos del 2006, que dice que los jueces han recurrido a fuerzas nacionales para realizar los procedimientos, porque tenían sospechas sobre las fuerzas locales y funcionario provinciales. Esto se constata en las primeras sentencias que se dictaron en nuestro país por casos de trata de personas."