BUENOS AIRES.- Los indicadores económicos ya están mostrando que el modelo de gestión de la administración Kirchner están navegando al garete. No sólo con problemas de conducción sino también de consistencia y poniendo al descubierto su agotamiento.

Entre las muchas variables económicas y decisiones tomadas por el Gobierno, dos de ellas revelan el vacío. La primera, la ruptura del acuerdo comercial con México. Y la segunda, la disputa con la CGT por la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios.

En el caso del acuerdo con México, no se trata de un problema de desbalance comercial bilateral, sino de una economía que, contrariamente al proteccionismo argentino, funciona con un grado de eficiencia mayor que la local y que encuentra en un mercado de apertura económica su mejor incentivo para ganar negocios.

Ahora, como la administración Kirchner perdió la batalla por la eficiencia, patea el tablero y rompe el acuerdo comercial. Pero lejos de tratar de enmendar sus errores, el Gobierno insiste en la misma postura y va a proponer a sus pares del Mercosur un incremento del arancel externo común para tratar de cerrar aún más la economía y hacerla más cara e ineficiente.

Lo mismo que ocurrió años atrás: el Poder Ejecutivo pareciera no entender los problemas y tomar decisiones erróneas.

En el caso del choque con la central sindical, el modelo deja al desnudo la puja por la distribución del ingreso y coloca a una gran cantidad de trabajadores en una situación de indefensión frente al franco deterioro que produce la inflación sobre los haberes.

Como el Gobierno se muestra impotente para solucionar el problema inflacionario, aumenta la carga tributaria sobre todos los sectores y en este caso, sobre los salarios, dejando exentos del tributo a vastos sectores de alto poder contributivo.

El impuesto a las Ganancias -un tributo de emergencia sancionado en 1932, nunca fue modificado por los gobiernos posteriores que sólo se dedicaron a prorrogarlo indefinidamente cada 10 años hasta nuestros días-, presenta fallas de diseño y no es el mejor tributo para gravar los beneficios.

Sin embargo, la gestión Kirchner utiliza, en este caso, este gravamen para someter a los asalariados a una doble imposición, ya que no sólo se le cobra este tributo sino que también se le cobra el impuesto inflacionario. De allí la reacción del arco sindical. En otros términos, como no se reconoce la inflación, se nivela para abajo, se fabrican más pobres. Al decir de Edmund Burke: "¡Creedme señor! Quienes intentan nivelar, nunca igualan".

En la lógica oficial, todo los recursos disponibles son de propiedad del Estado y dispone de ellos como si fueran propios.

Lo mismo pasa con los jubilados. En lugar de pagarle las deudas con los recursos de la Anses -incautados a los trabajadores en 2008-, les ofrece créditos a tasas que resultan carísimas para el sector pasivo, mientras se acumulan en los tribunales 500.000 demandas en procura de ajustes en los haberes. Claro que la justicia tampoco es garantía de defensa de los derechos individuales frente al avasallamiento del Estado.

Por caso, uno de los tribunales más importantes de la Nación, la Cámara Federal en lo Penal de Casación le negó a la empresa Shell poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia una pena de multa impuesta por un organismo del Poder Ejecutivo Nacional. No sólo el fallo le cierra la posibilidad a la empresa de llegar a la Corte, sino que ratifica algo a todas luces inconstitucional como es la imposición de una pena por un poder que no es la Justicia. ¿Y el estado de Derecho y la seguridad jurídica?

Nada es suficiente. Los recursos de la recaudación fiscal resultan siempre pocos para abastecer la maquinaria del monumental gasto público. La Casa Rosada no repara en gastos y los agota estableciendo prioridades que resultan a todas luces irritativas. Mientras a los jubilados no se les respetan sus derechos, el Gobierno continúa poniendo plata en el fútbol, en el automovilismo y en una aerolínea quebrada, entre otros sectores.