La conexión humana entre el club Los Tarcos y los Tribunales de Tucumán ha derivado en un enfrentamiento a todo o nada en el ámbito del caso "López". Ocurre que ayer al mediodía, Carlos López, el aspirante a juez seis veces vetado por el Poder Ejecutivo (PE), solicitó a Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que se excuse de conocer en su acción de amparo y, en su defecto, lo recusó con causa por segunda vez. El detonante de la presentación fue el repudio de la Comisión Directiva del club a la exhibición de una bandera en apoyo de López en el partido de rugby del sábado 9 de junio.

El gesto dio qué hablar durante toda la semana. El martes, los dirigentes resolvieron sancionar a los supuestos promotores de la iniciativa; publicar una solicitada en este diario para desvincularse públicamente del asunto (apareció en el diario del jueves); solicitar una audiencia con el gobernador José Alperovich y enviar una carta de desagravio a Gandur (presidió Los Tarcos y es uno de sus socios más influyentes). De esta última decisión se valió López (fue jugador y entrenador de esa institución deportiva) para intentar -por segunda vez- separar al magistrado, al que acusó de carecer de neutralidad para juzgar su caso.

"¿Puede actuar en este proceso y dar garantía de imparcialidad el juez que se considera agraviado por una bandera que me respalda?", interrogó el funcionario judicial que se desempeñó como secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción a cargo de Esteban Jerez. Y a continuación, contestó: "¡la respuesta es no! El magistrado que se siente agraviado (...) no presentará ecuanimidad ni estará desprendido de pasiones... Por ello solicito a Gandur que se excuse en forma inmediata de continuar interviniendo en este expediente".

Para fortalecer su petición, López adjuntó una foto reciente con el vocal que cuestiona (ver arriba) y citó fragmentos de jurisprudencia firmada por este. Según su escrito, Gandur adhirió con la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de que la garantía de imparcialidad debe ser analizada aún de oficio y de que esta requiere que se haga desaparecer la mínima sospecha que pudiese albergar el justiciable con relación al órgano juzgador (causa "La Cartujana SRL"). "Si bien en un proceso sumarísimo como el del amparo y más en este expediente cuya tramitación expedita asombra, la etapa de recusación es restringida, nada impide el tratamiento de un hecho nuevo que violenta la garantía del juez imparcial antes del fallo de la cuestión de fondo para evitar lesiones cuya ulterior reparación será imposible", añadió el amparista, que pretende que la Justicia declare nulo el acto del PE por el que designó fiscal a Diego López Ávila sin motivar su decisión (ese postulante ocupa el segundo lugar de la terna que lidera López).

Socios y empleados
El lunes pasado, el tribunal de recusación integrado por tres camaristas en lo Contencioso Administrativo (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos de la Sala I, y Carlos Giovanniello de la Sala II) declaró aptos para conocer en la causa a Antonio Estofán, René Goane, Gandur y Claudia Sbdar, los cuatro vocales de la CSJT recusados por López. Respecto de estos últimos tres, el concursante frustrado alegó que debían apartarse porque integran o integraron el Consejo Asesor de la Magistratura que confeccionó las seis ternas que incluyeron su postulación. Respecto de Gandur, López añadió que prejuzgó cuando declaró la competencia exclusiva y originaria de la CSJT en su caso (acogiendo el pedido de avocación directa o per saltum que planteó el PE). En cuanto a Estofán, el amparista invocó la amistad manifiesta entre este juez y el gobernador.

El nuevo planteo contra Gandur es el último eslabón de la cadena de fricciones que desató la polémica tela con la leyenda "Fuerza Dr. 'Chiqui' López". Por aquella bandera, la Comisión Directiva que preside Miguel Costilla Campero e integra Sergio Gandur (hijo del miembro de la CSJT y vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) destituyó al mánager Maximiliano López, que es hermano del amparista, y suspendió por 15 días a este, al entrenador Marcelo Pasqualini y a José Díaz Romero, capitán del equipo de rugby de primera división. Además, la dirigencia habría amonestado a los jugadores que sujetaron la tela.

El cisma que el caso "López" generó en Los Tarcos ha impactado en Tribunales, donde por lo menos hay 25 empleados y funcionarios que son socios del club. Todos ellos fueron propuestos por Gandur en la época en que no había concursos. El mismo López, que en el presente se desempeña como secretario de un juzgado penal, accedió por medio de este vocal a su puesto de ordenanza judicial en 1995.