"La necesidad de dar una explicación al fundamento de los actos del poder, cuando estos son discutidos, es esencial en un sistema fundado en la soberanía del pueblo porque las autoridades sólo pueden actuar en su nombre", reflexionó el Grupo Alberdi acerca del pleito judicial iniciado tras las seis veces que el Poder Ejecutivo desechó la postulación del concursante Carlos Eduardo López para la magistratura.
La corriente de intelectuales tucumanos cuestionó al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Principalmente, por haber reducido la polémica y sentenciado que el gobernador cuenta con la facultad de apartarse del orden de mérito elaborado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
"Es la demostración más clara de que la decisión del gobernador carece de todo fundamento de justicia. Nadie puso en duda las potestades del PE para la designación de magistrados, lo que se discute es si tuvo algún fundamento de justicia, que no se invoca, y que ahora debería ser claramente expresado", sostiene el texto rubricado por Elsa Moreno, Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche, Alfredo Bolsi y Clímaco de la Peña.
"No sólo los jueces deben fundar sus sentencias, sino que las cámaras legislativas deben adoptar sus decisiones en sesiones de discusión pública, y el Poder Ejecutivo fundamentar la motivación de sus actos. El caso 'López' afecta directamente al derecho a ser designado en los cargos de honor y de confianza, sin otra condición que la idoneidad", concluyó el Grupo Alberdi.