La Legislatura abrió el juego para debatir el nuevo Código de Contravenciones Policiales. Y los primeros consultados para reformar la ley, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010, serán representantes del estamento universitario.
Todavía no está definido quiénes serán los académicos que invitará la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara. Una de las candidatas podría ser la camarista María del Pilar Prieto, titular de la cátedra de Criminología de la UNT. La docente ve con buenos ojos que hayan aparecido diversas iniciativas para cambiar la Ley 5.140 (el alperovichismo tiene tres, el radicalismo una y la Policía, otra). Sin embargo, aclaró que es necesario adecuarse al mandato constitucional. "No se puede caer en el peligroso apotegma de que 'a menor pena, menores pueden ser las garantías' pues, en realidad, el derecho contravencional es mucho más frecuente y cercano con la existencia ciudadana que el derecho penal", explicó.
Uno de los tópicos de consulta al estamento universitario (además de la UNT fueron invitadas la Unsta y la San Pablo T) será el espíritu que debe tener el nuevo Código. "Una ley con disposiciones de orden penal, como lo es una ley de contravenciones, nunca será preventiva. Nunca impedirá un hecho, sino que sancionará su acaecimiento", advirtió Prieto. En ese sentido, dijo que recibió con preocupación los dichos del jefe de Policía, Jorge Racedo, quien hace unos días señaló que esta norma es útil para la fuerza porque cubre los vacíos que deja el Código Penal. "Esos vacíos, justamente, configuran el campo de lo 'no-prohibido', el campo de lo permitido por expreso mandato constitucional", cuestionó la magistrada.
Luego se refirió a la postura del legislador Ricardo Bussi (FR), quien dijo que se deben anteponer los derechos humanos "de la gente de bien" de "aquellos que delinquen"; y que el garantismo jurídico es "una corriente ideológica que busca por todo concepto favorecer, justificar o apañar en cualquier circunstancia al delincuente o al contraventor". "La antinomia entre garantismo y seguridad es absolutamente falaz", explicó la catedrática. Y remarcó: "en realidad, no existe tal garantismo jurídico, sino un garantismo constitucional que no puede dejar de ser preservado y defendido en todos los actos del Estado, para evitar que el poder represivo se desbande y provoque las masacres que en todo tiempo ha provocado".