La discusión no llegó aún al recinto de la Legislatura. Pero, en las redes sociales y en los pasillos, el bloque Tucumán Crece -que representa al alperovichismo en la Cámara- mostró las fisuras que originó la polémica por reformar la Ley de Contravenciones Policiales.

En su cuenta de Twitter, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse,

presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, contó que desde hace varios meses venía trabajando para cambiar cuestionada norma. Y que se sorprendió al enterarse de que su compañero de bancada, Marcelo Caponio, y otros referentes del oficialismo habían presentado una iniciativa de manera paralela. "¿Con qué seriedad podemos convocar a un foro a las organizaciones para escuchar propuestas, si ya hay un proyecto que además firma el presidente del bloque (Roque Alvarez)?", preguntó Vargas Aignasse a través de la red de redes. Y repitió su malestar a quien quisiera escucharlo en los pasillos del nuevo edificio legislativo.

Caponio también utilizó la web, pero para defender su iniciativa, y aclaró que se trata de una propuesta. "Invito a las organizaciones intermedias a una mesa de diálogo para que se plasme en ley el mejor Código posible", escribió el secretario de la comisión de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Más allá de esta polémica, hay algunos puntos en común. Tanto Vargas Aignasse como Caponio proponen una reforma íntegra de la norma, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en 2010. Además, ambos entienden que la Policía utiliza esta ley para realizar tareas de prevención. Pero las coincidencias llegan hasta allí.

Al asumir como titular de la comisión de Seguridad y Justicia, Vargas Aignasse comenzó a convocar a diferentes sectores (jueces, abogados y organizaciones civiles) para diagramar un Código de Convivencia. En junio, el ex diputado tiene pensado organizar un foro para discutir esta cuestión. "Esta no puede ser una ley elaborada sólo por legisladores o políticos", le dijo Vargas Aignasse.

Caponio, por su parte, afirma que trabajó seis meses para elaborar el proyecto que presentó el lunes, en el que se establece por un lado un proceso judicial con derecho a defensa y otras garantías legales (algo que la Corte había marcado en su fallo); se le quita algunas atributos a la Policía (en especial a la hora de concretar detenciones y secuestros); y se incluyen sanciones para infracciones que no llegan a ser delitos penales.

Sobre este último punto, el autor de la iniciativa destacó un artículo que promete generar más polémica aún, y que se refiere a los afters. La idea de Caponio es que los organizadores de estas fiestas puedan recibir hasta 90 días de arresto (siempre tras un proceso judicial) y multas que llegan a $ 40.000.

Este proyecto es el que, hasta ahora, más consenso tiene dentro del bloque oficialista. Además de la firma de Álvarez, Caponio obtuvo el aval de Sisto Terán, de José Teri (vicepresidente de la comisión de Seguridad), de Manuel Fernández (vicepresidente segundo de la Cámara), y de otros de sus pares.

Vargas Aignasse, por su parte, adelantó que quiere escuchar las conclusiones del foro antes de enviar al recinto un proyecto con dictamen de comisión (incluso, desde diciembre que tiene en su poder una iniciativa del radical Ariel García para modificar el Código). ¿Podrá el ex diputado continuar con su tarea o tendrá más peso la iniciativa de sus compañeros de bancada? En las redes sociales y las charlas, al menos, ya se miden las fuerzas dentro del bloque.