u procedimiento legal.- "Se garantizan en este Código la libertad personal y el Debido Proceso; el derecho a una legítima defensa; a no ser incomunicado; a contar con asistencia letrada obligatoria; a un recurso idóneo y eficaz. Se respeta el derecho a la comparecencia personal del presunto infractor, inmediata ante presencia judicial, y el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial", dicen los fundamentos del proyecto del legislador Marcelo Caponio y sus pares.
u jueces y un director.- La iniciativa propone la creación de Juzgados Contravencionales para los tres Centros Judiciales (capital, Concepción y Monteros). Además, se prevé la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción tenga también incumbencia en estos casos. Además, se contempla la instauración de la Dirección Contravencional, que dependerá del Ministerio de Seguridad.
u los actos sancionados.- Si la propuesta se convierte en ley, la Policía perderá muchas potestades. Por ejemplo, ya no podrá actuar de oficio (sin denuncias) cuando se moleste a terceros o se perjudique propiedad privada. A la vez, el proyecto explícita las infracciones contravencionales. "(Se) actualizan las infracciones de acuerdo a la nueva realidad social, pudiendo citar: a quienes oferten o demanden sexo en la vía publica (...); a quienes alteren al orden en los espectáculos deportivos; a los dueños de locales que brindan acceso a internet para menores sin filtros antipornográficos; (a quienes afecten) el equilibrio ecológico (quema de cañaverales, arrojamiento de basura y faenamiento clandestino). Se prevé también la defensa del patrimonio cultural, considerando contravención el daño a los monumentos históricos", indican los fundamentos del proyecto.
u las penas.- El proyecto también actualizó las penas y cómo serán ejecutadas. Pueden ser en días de arresto (hasta 60 días) o sanciones económicas (establecidas en unidades de multa de $ 100 por día de arresto). También se contempla la clausura de locales y el decomiso de bienes, siempre con orden judicial. Además, se prevé otros sistemas de resolución de casos, como el perdón del damnificado.