"El pueblo francés encomienda la presente constitución a la lealtad de los poderes públicos y a la vigilancia de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, al coraje de todos los franceses". Último artículo de la ConstituciónFrancesa del año III. Merecer, según la primera acepción de la Real Academia Española, significa hacerse digno de premio o de castigo. Pero en esta provincia, en el terreno de la cosa pública, nadie recibe lo que merece. Prueba de que el Tucumán estatal se encuentra quebrado en su dignidad.
Así es como el Gobierno ha resuelto que Carlos Eduardo López no se merece ser fiscal en la Justicia tucumana en represalia por haber sido el intachable secretario de la Fiscalía Anticorrupción. Qué importa si además de moralmente apto es probadamente idóneo: rindió seis concursos ante el CAM y terminó una vez tercero, dos veces segundo y tres veces primero.
Tampoco se merece ser camarista civil Edgardo López Herrera, primero en un concurso del CAM. Quien sale séptima, aquí, es más digna del cargo que el mejor de la evaluación.
El alperovichismo no tendrá más remedio que declarar "gorilas" a los diccionarios. Lo contrario a la meritocracia es la caquistocracia: el gobierno de los peores.
Con el mérito abolido, el demérito es ley. Los tucumanos lo padecen en bolsillo: las tarifas de los servicios públicos aumentan sólo para sostener lo peor. Hay que pagar más caros los taxis no para que mejore el servicio sino para evitar que se acabe el servicio que desborda en pésimas unidades. Correlativamente, ahora hay que pagar más caro el cospel para recibir el mismo servicio urbano de pasajeros: no uno mejor, sino este que hay. Y ya vendrá el invierno, cuando habrá que pagar más caro el gas para no conseguirlo. Así como en verano se paga más cara la luz para no tenerla.
Y está, claro, el aumento de las dietas de los legisladores. El otro aumento. El nuevo.
Lo blanco
La dieta de los parlamentarios tucumanos engorda. En abril de 2011, la anterior composición legislativa se dio un aumento del 21,5%. La remuneración bruta mensual pasó entonces de $ 7.800 a $ 9.500.
Después asumió la actual composición. Y LA GACETA reveló en febrero pasado que en noviembre de 2011 se había elevado la remuneración en un 33%: alcanzó los $ 12.600.
Ahora se aumentaron otro 34%. En septiembre, la mensualidad habrá subido a $ 16.800.
Esta es la parte igualitaria y en blanco de los recursos para los legisladores. A los otros, los discrecionales, que se conceden según cada quien, el Estado los mantiene fiscalmente en negro.
Lo negro
El Presupuesto 2012 de la Legislatura, sancionado por ella misma, es de $ 380 millones. Su planilla con el detalle desagregado de partidas no ha sido publicado ni publicitado. Igualmente, informadas fuentes parlamentarias confirman que de ese total de recursos, $ 75 millones corresponden a Transferencias: el 20%. La proporción es constante. En 2010, cuando el presupuesto parlamentario era de $ 180,2 millones, las Transferencias eran de $ 39.5 millones: el 21,9%.
Como explica un hombre del oficialismo parlamentario, de allí no salen las dietas de los legisladores. Multiplicadas por 49 miembros y por 13 meses, unos $ 11 millones. Tampoco los gastos para el personal de bloque: los asesores. En principio, unos $ 40.000 mensuales para cada uno de los 49 legisladores. Por 13 salarios, unos $ 10 millones más.
Lo que sí se financia con las Transferencias son los gastos sociales. Subsidios, a los efectos formales. Clientelismo, a los efectos prácticos. Según la fuente, el canon oficial es $ 50.000 por parlamentario. Lo cual plantea una comezón en el bloque oficialista: si esa es la cifra para todos, su anualización totaliza unos $ 30 millones. En este caso, hay que multiplicar por 49 legisladores y por 12 meses: no hay aguinaldo porque no se pueden pagar salarios con esa plata: según el nomenclador oficial, Transferencias son gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.
Allí la urticaria: si, teóricamente, entre todos consumen $ 30 millones, ¿qué pasa con los $ 45 millones restantes hasta completar los $ 75 millones destinados a transferencias? Expuesto con pragmatismo peronista: $ 75 millones, dividido en 49 legisladores, y en 12 meses, da un promedio $ 128.000 por parlamentario. Pero, otra vez, parece que son muchos los que reciben menos de la mitad. O sea, por cada uno que recibe $ 50.000, evidentemente, quedan $ 78.000 para alguien más.
Lo bárbaro
Para la sociedad, el problema es otro. Si se suman los $ 75 millones de las transferencias, y los $ 11 millones de las dietas, y los $ 10 millones del personal de bloque, y otros 36 millones en una exageradísima previsión de gastos de funcionamiento (supone que la Legislatura necesita $ 3 millones mensuales, o $ 100.000 diarios para pagar los impuestos y funcionar), la suma da $ 132 millones. ¿Y los otros $ 248 millones del presupuesto general legislativo de $ 380 millones para este año? No pretenderán que fueron a parar al edificio, que se paga desde hace años, y costó menos de 130 millones, según se cansan de declarar. ¿Se lo gastan todo en sueldos de personal?
¿Qué se sabe de los que se escandalizaban con la Legislatura que presidía Fernando Juri, que gastaba $ 200 millones, lo cual el mismísmo alperovichismo calificaba de barbaridad? Si $ 200 es esa barbaridad, ¿el doble que consumen ahora exactamente qué calificativo oficial merece?
¿Y la promesa del vicegobernador en abuso de licencia de que iban a funcionar sólo con la mitad de esa cifra, así aportaban 100 millones a obras públicas? Ahora que incumplen el compromiso y consumen $ 380 millones, ¿le están restando $ 280 millones en obras públicas al pueblo?
Pero la democracia pavimentadora es un régimen de pavor ilimitado. Los $ 75 millones en Transferencias del Presupuesto legislativo son para 49 miembros. Para este año, la Secretaría General de la Gobernación (en los hechos, el bolsillo para los gastos oficiales del gobernador), prevé Transferencias por $ 58,3 millones. Disponibles para uno solo. Y esa es sólo una muestra del Presupuesto 2012 que, para el Poder Ejecutivo, reserva unos $ 9.000 millones en Gastos Corrientes.
Lo inacabable
La pregunta democrática no es si los legisladores se merecen tantas mejoras económicas, sino por qué ellos, los representantes del pueblo, sí lo merecen y el pueblo representado, no. ¿Por qué ellos se merecen una autoparitaria semestral con aumentos promedio del 30%; y para el común de los estatales sólo es digno una paritaria anual con subas del 20%? La inflación sólo es negocio para el Estado y sus administradores. Todos los demás, coman Indec. Incluyendo los jubilados a los que el Gobierno les niega el 82% móvil que les reconoce la Justicia.
Todo lo cual redunda en una pregunta de síntesis. ¿Por qué interpretan estos representantes que el pueblo merece otra reforma de la constitución? Y no es un interrogante dirigido al criterio de los legisladores que, desde marzo para aquí, aumentaron brutalmente el Impuesto a los Ingresos Brutos en nombre de que eso evitaría que el Estado se endeude; para luego avalar que el Estado se endeude con un empréstito de $ 400 millones porque era eso o el abismo; para luego olvidar el abismo y concederse un nuevo incremento en las dietas. La cuestión pasa por inquirir por qué creen que Tucuman (que sigue esperando la gran obra alperovichista, ocho años y $ 60.000 millones después) merece otro manoseo de la Carta Magna para que ellos puedan merecer infinitas reelecciones más.
Lo insoportable
El drama público no consiste en el rechazo del Gobierno a las pautas de la Constitución, porque la que rige aquí es "su" Constitución. El aspecto verdaderamente grave es el repudio oficial contra el mismísimo constitucionalismo: contra los límites constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Lo dice ese libro que advierte que la desconstitucionalización del sistema político se manifiesta en la construcción de un régimen que tiene el acuerdo pasivo de una parte relevante de la sociedad en favor de una amplia serie de violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución.
El resultado: "una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización de ese complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones que constituye la sustancia de la democracia constitucional", se lee en las páginas de Poderes Salvajes.
Para esa democracia plebiscitaria, advierte Luigi Ferrajoli, el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, sirve para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar críticas y controles. No se soporta el pluralismo político, se desvalorizan las reglas, se ataca la separación de poderes, la oposición y la prensa libre. Se rechaza, en definitiva, el paradigma del Estado constitucional de derecho, como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder. "El proceso deconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de una gran parte del electorado".
Entonces, dice Ferrajoli, sólo hay una concepción formal de la democracia. Hay derecho ilegítimo. El populismo propone al jefe como encarnación de la voluntad popular. Los partidos perdieron su papel de mediación representativa. Se padece la homologación de los que se limitan a consentir y la denigración de los que se atreven a disentir. La despolitización es masiva. La disolución de la opinión pública es palmaria. Prima el interés privado, lo que pone en crisis la participación política. Abundan la manipulación de la información y la decadencia en la moral pública.
Ferrajoli, por cierto, describe a la Italia de Berlusconi. Qué merecida tranquilidad, ¿no?