BUENOS AIRES.- La petrolera española Repsol canceló su contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) a Argentina por incumplimiento del acuerdo, lo que obligará a la administración de Cristina Fernández a salir con urgencia a comprar cargamentos más caros para evitar el desabastecimiento. Repsol comunicó que Enarsa buscó renegociar los precios de la importación de 10 buques con GNL y modificar el calendario de entrega. Indicó que la expropiación del 51% de las acciones en YPF demuestra que el país no tiene intenciones de respetar el contrato de suministro, según un documento emitido por la petrolera española. Enarsa aún no pudo asegurarse los 80 cargamentos que necesita la demanda doméstica de gas natural debido a los altos precios que los proveedores exigen a Argentina. La suspensión de la venta obligaría a Argentina a comprar GNL más caro para compensar el faltante, poniendo presión sobre el superávit comercial del país. Las balanza energética muestra un desequilibrio de unos U$S 10.000 millones.
Por otra parte, el embajador de la Unión Europea (UE) ante la Argentina, el español Alfonso Díez Torres, opinó que la mejor solución para el conflicto por YPF sería un acuerdo negociado entre la Casa Rosada y Repsol, que reclama unos U$S 10.500 millones tras la expropiación de sus acciones en la petrolera. "Ahora se abre un proceso de negociaciones entre la empresa y las autoridades argentinas para ver si es posible un acuerdo que consideramos que sería la mejor opción, la mejor solución, y vamos a poner toda nuestra colaboración para que así sea", señaló el diplomático.
En una entrevista publicada ayer por el diario "El Cronista Comercial", Díez Torres sostuvo: "en el caso de que pudieran surgir discrepancias sobre las modalidades o el importe de esa compensación, pues el propio tratado de inversión (firmado entre la Argentina y España en 1992) prevé acudir a fórmulas de arbitraje o también a organismos jurisdiccionales tantos nacionales como internacionales".
Entre tanto, un grupo de diputados de la oposición pidió a la Justicia Federal investigar el vaciamiento de la petrolera YPF antes de que se decidiera la estatización del 51% de las acciones, y apuntó al ministro de Planificación, Julio de Vido, por "consentirlo".
La denuncia fue presentada por los diputados Manuel Garrido, Ricardo Buryaile y Juan Tunessi. (DyN-NA)