Galpones repletos de vehículos abandonados. Objetos secuestrados que permanecen olvidados en alguna oficina de la fuerza. Elementos que nadie reclama. En esos bienes, la Policía podrá encontrar una nueva fuente de recursos para reequipar sus filas. Una ley sancionada por la Legislatura el jueves dispone que en un plazo de 180 días corridos, todo objeto, vehículo o material que por infracciones o contravenciones sea depositado en el ámbito de la fuerza y que no fuera retirado, quedará sujeto a subasta pública. "Hay muchísimos bienes en estas condiciones. Y como no hay un juez de por medio, no hay nadie que autorice esta venta. Entonces, la idea es que los elementos decomisados salgan a remate público, y esos fondos ingresen a una cuenta con un fin predeterminado, que es el reequipamiento", dijo el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), quien junto a su par, José Teri, fue autor del proyecto, avalado por unanimidad en la Cámara.