Frente a la actualización de las tarifas de los servicios públicos privatizados, el diputado nacional Juan Casañas (UCR-Tucumán) impulsa en el Congreso un proyecto de ley, mediante el cual propone la creación de una tarifa social compensatoria para usuarios residenciales de gas, electricidad y agua potable y cloacas. Claro que la iniciativa no tendrá alcance general; podrán gozar de ese beneficio aquellos usuarios que demuestren que la suma de los ingresos de todos los miembros del grupo familiar no alcanza al índice de ingresos mínimo, vital y móvil.

"El beneficio de la tarifa social compensatoria consistirá en la reducción del 50% de la tarifa del consumo promedio para una familia tipo. El consumo promedio de una familia tipo, para los fines de esta ley, lo determinara cada ente regulador del servicio, Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)", señala el artículo 3 del proyecto de ley presentado por Casañas. El régimen, además, comprenderá la exención del impuesto al valor agregado (IVA) que corresponda a los servicios públicos comprendidos, del impuesto sobre los créditos y los débitos establecidos por la ley N° 25.413, del recargo tarifario sobre el precio de venta de electricidad establecido por la ley N° 23.681, del recargo sobre el precio de venta de gas establecido por la ley N° 25.725, de los cargos tarifarios establecidos por el decreto N° 2.067 de 2008 y de todos aquellos impuestos, tasas y contribuciones y cargos de naturaleza fiscal de jurisdicción nacional que, como los enumerados antes, recaigan sobre los servicios comprendidos, indica la iniciativa.

"En la factura del beneficiario deberá constar la tarifa plena y el subsidio establecido por medio de éste régimen, consignando explícitamente el número de ley nacional que lo crea", acota.

Casañas explica que el sistema de tarifa social será auditado y administrado por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta última área, a su vez, tendrá la misión de elaborar un padrón de potenciales beneficiario, difundir las condiciones y los requisitos de acceso al sistema y, en definitiva, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para gozar del beneficio.

El proyecto, finalmente, invita a las provincias y a los municipios que tengan el carácter de poder concedente de los servicios a adherir a la tarifa social compensatoria.