El trascendido de que la "nueva Ciccone Calcográfica" está lista para comenzar esta semana a imprimir hasta 500 millones de billetes de $ 100, agregó otro capítulo más al escándalo y a la investigación penal por las sospechas de "malversación de fondos públicos", "corrupción" e "incumplimiento de funciones" en que podrían haber incurrido funcionarios del Gobierno nacional. Las sospechas recaen sobre el vicepresidente, Amado Boudou, de cuando era ministro de Economía. En ese contexto, el abogado porteño Ricardo Monner Sans recurrió a la Justicia objetando la supuesta "subcontratación" de la imprenta, y pidiendo que actúe el fuero Penal Tributario, porque sospecha que se cometió el delito de "evasión fiscal".
Además, a) pide que se amplíe la investigación sobre Fabián Carosso Donatiello, inquilino del departamento allanado de Boudou y, b) sospecha de la vinculación de Carosso Donatiello con Alejandro Vandenbroele, titular del grupo adquirente de Ciccone, y supuesto "testaferro" de Boudou, y de la situación de Alejandro Antonio Martí -empresario tucumano- y de Sandro Luis Molinari, apoderados de Agroibérica de Inversiones, sociedad entre Carosso Donatiello y Vandenbroele y cuyo domicilio legal es San Miguel 623, Tucumán.