El senador José Cano y los legisladores Silvia Elías de Pérez y Ariel García requirieron a la Defensoría del Pueblo que Sergio Sánchez sea separado de su cargo como administrador provisorio del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Según argumentaron los parlamentarios radicales, el funcionario se encontraría inhabilitado para ejercer esa función dado que sería socio de una empresa que le proveería servicios a EDET, firma que debe controlar. Los dirigentes instaron al ombudsman Hugo Cabral a actuar conforme a las facultades que le confiere el Código Procesal Constitucional para lograr el desplazamiento de Sánchez.
Cano ya había pedido por carta documento al gobernador, José Alperovich, que lo separara del cargo que hoy ocupa.