La decisión del oficialismo es que los pliegos de los cuatro candidatos a cubrir vacantes en el fuero civil y comercial sean aprobados el jueves, en sesión. Sin embargo, en el alperovichismo sobran los contratiempos para cumplir con ese cometido: hay dos impugnaciones contra una postulante y dos pedidos de informes por resolver.
A tal punto llega la confusión que, hasta ayer, el presidente de la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Cámara, José Fernando Orellana, había citado a sólo dos de los cuatro propuestos por el gobernador, José Alperovich, para ser camaristas en lo civil y comercial del centro judicial de capital: Laura David (aspirante a jueza por la sala Iª) y Benjamín Moisá (propuesto para la sala IIª). En cambio, aún no había definido cuándo tomará las entrevistas de rigor a María del Pilar Amenábar (para la sala IIª) y a Ricardo Miguel Angel Molina (para la sala IIIª). Sobre Amenábar y Molina pesan sendos pedidos de informes presentados, curiosamente, por un parlamentario que responde al Gobierno: Jesús Salim, referente de La Cámpora. Además, respecto del caso de Amenábar, la comisión debe resolver dos impugnaciones antes de poder elevar su pliego al pleno de la Cámara.
El concurso para cubrir cuatro vacantes en lo civil y comercial, que funciona con dos magistrados desde hace tres años, es el más extenso y polémico en la corta historia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). De hecho, Amenábar logró ser entrevistada por el CAM pese a no obtener los 60 puntos mínimos en la prueba de oposición. La relatora de la Corte (se desempeña con el vocal y titular del CAM, Daniel Posse) litigó y obtuvo una declaración de inconstitucionalidad contra ese requisito. Ese dato es lo que motivó los planteos en contra de su designación y en el pedido de informes del legislador de La Cámpora.
Ayer, la parlamentaria Carolina Vargas Aignasse (vicepresidenta del CAM), defendió la actuación del órgano. "Debido a la urgencia, este concurso fue el primero que convocamos bajo el sistema de concurso múltiple, llevando a cabo las etapas reglamentarias", planteó. Luego, resumió lo sucedido desde 2009. "Al conocerse la evaluación del jurado de las pruebas de oposición se abrió el periodo de impugnaciones, que fueron rechazadas en sede administrativa. Luego, varios postulantes recurrieron a la Justicia y se dictó una medida cautelar que suspendió la ejecutoriedad del concurso. El CAM acató la medida y detuvo todo trámite. Posteriormente, recibimos la notificación de los fallos de la Corte en los procesos iniciados por los postulantes. Nuevamente, el CAM acató los fallos y procedió acorde al contenido de cada sentencia. Convocamos a las entrevistas, elaboramos el orden de mérito y se lo hizo público para que la ciudadanía se exprese, pero no hubo ninguna impugnación", expuso la oficialista
Según Vargas Aignasse, el CAM hizo lo correcto: "cumplimos todos los pasos legales y acatamos las sentencias judiciales. Debatimos en sesiones públicas, abiertas a ciudadanos, instituciones y medios de prensa. La tarea del Consejo concluyó al elevar los seis postulantes al Poder Ejecutivo".