Gonzalo Barrionuevo. Nombre y apellido. A los 24 años estudiaba Educación Física. Nació en Catamarca, pero se había afincado en Tucumán para poder ir a la facultad. Tenía familiares, amigos, sueños. No debería ser un número. Pero lamentablemente ya forma parte de las estadísticas: en menos de un año en Tucumán mataron a 10 personas para robarles. Casi una por mes. CASI UNA POR MES.

Al gobierno le encantan las cifras. Los números afirman que hay sólo 59.200 pobres. Que el índice de mortalidad infantil bajó 10 puntos, que en el último año se entregaron cientos de casas, que se pavimentaron o repavimentaron miles de metros cuadrados de calles, que se pagaron $430.000 para que "Cantando por un sueño" se haga en la provincia, que el precio del cospel a $2 es bajo, que desde la Nación se enviaron 30 millones de pesos para invertir en seguridad. TREINTA MILLONES. Números, estadísticas, cifras.... José Alperovich es contador. Esta frase suya se publicó ayer en LA GACETA: "hay que manejarse bien con los números para tener una provincia en paz". Con este vaticinio, ¿qué hacemos con las odiosas cifras de la inseguridad?

Al gobernador no le gusta que le hablen de delitos. Con el "tenemos que seguir trabajando fuerte" ya no alcanza. Pero al menos él habla (ayer tildó de "infelices" y "desgraciados" a los asesinos). Sin embargo, los responsables del Ministerio de Seguridad no aparecen. No dicen, no explican, no responden. Y para peor se enojan con quienes hablan. Desde hace 10 días el Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo está, otra vez, en el centro de la escena. Las denuncias en su contra por presuntos abusos en los after se multiplican. Y aunque el mismo presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz, advirtió que su accionar podría ser ilegal, el Gobierno trata de darle aún más poder. La punta de lanza fue el proyecto que ayer presentó el legislador ultraoficialista Marcelo Caponio, que avanza sobre las atribuciones del IPLA... para endurecerlas. Mientras un enorme sector de la sociedad pide que la norma se derogue, por seguridad, desde el Gobierno se la hace más represiva. Cualquier parecido con épocas oscuras es pura coincidencia. Y si a eso le sumamos la orden del silencio...

"Quizás una alternativa sea que los locales cierren a las 6 y que dejen de vender alcohol a las 3". La frase se la dijo el domingo a la tarde Clara Tapia, la interventora del IPLA, a un periodista de LA GACETA que la llamó para consultarla sobre la fiesta que cientos de jóvenes habían armado en la plaza Independencia para protestar contra la ley de las 4am. Y Tapia opinó. ¿Está mal? Es una funcionaria que al menos deslizó una idea. Pero para el resto del Ministerio de Seguridad al que ella responde cometió un error grave. Y la reprimenda no se hizo esperar. Hasta intentaron hacer creer que había sido un invento de LA GACETA y que Tapia, para ese momento ya acallada por fuerzas superiores, jamás había osado dar una opinión personal. Nada dijeron, eso sí, de la presencia de periodista y camarógrafo del Ministerio de Seguridad en la "peligrosísima" protesta que 50 jóvenes hicieron el jueves de la semana pasada. Todos los que estaban allí quedaron registrados por el Gran Hermano provincial. ¡Menos mal que vivimos en democracia! Si el gobernador quiere que los números le cierren, debe hacer algo con la inseguridad. ¿Se darán cuenta de que las únicas cifras que para el Gobierno aumentan, sin que sean ellos los que las impulsen, son las de los índices delictivos?

Se llamaba Gonzalo Barrionuevo y no era un número. Su único "pecado" fue haber llevado puestas un par de zapatillas y una mochila a la espalda. Había tenido la osadía de pretender estudiar. Quería volver a su casa. Y lo mataron de un tiro en el pecho.