En condiciones competitivas, una de las mayores promesas que nacen con el funcionamiento libre de mercado es que, como lo expresa la muy conocida metáfora de la "mano invisible", este mecanismo puede conseguir que los intereses privados coincidan con el bien común de la nación. En estas condiciones ideales, cuando un empresario persigue la maximización de su propia ganancia, persigue también, de manera no intencionada (como movido por esa mano invisible), el bien de toda la comunidad. Es por eso que cuando los intereses particulares de una enorme empresa privada como Repsol están tan flagrantemente opuestos a los del conjunto de la población del país donde opera, resulta por demás extraño defender la acción de esta empresa en nombre de las virtudes de una economía de mercado.
Cuando se admite que muchas decisiones de Repsol estaban efectivamente perjudicando de manera significativa los intereses de los argentinos, se aduce también, no sin razón, que es el Estado argentino el que falló en el control de las operaciones de esta empresa en situación de monopolio. Sobre este último comentario pueden hacerse las siguientes dos consideraciones. En primer lugar, la concesión a esta firma privada se realizó en momentos posteriores a la gigantesca desazón que provocó en la sociedad argentina la actuación, en general, de un Estado que provocó una de las peores catástrofes económicas que una sociedad puede sufrir en tiempos modernos: una hiperinflación. Después de esta experiencia, harto traumática, buena parte de la población del país creyó que, para todo asunto económico, lo que había llegado era decididamente la hora de los mercados. Este clima por demás escéptico sobre la actuación de las empresas estatales presidió el discurso oficial de ese momento, que predicaba que la privatización de las actividades de las empresas públicas constituía la solución de nuestros peores males macroeconómicos. Nadie acentuó la necesidad de un férreo control por parte del Estado como condición para que estas empresas privatizadas sirvieran efectivamente al bien público; era el mercado, se decía, quien solucionaría los problemas. En segundo lugar, tampoco se reconoció que existen sobradas razones administrativas que dificultan de tal manera la posibilidad de control de una empresa de este tipo por parte del Estado, que termina imponiéndose, casi como la única forma práctica de controlar los resultados de la actividad de la empresa, su gestión estatal directa. Nada garantiza, por supuesto, que la gestión del Estado en esta empresa resulte idónea. Pero puede decirse que en algún momento la gestión pública de YPF fue más que satisfactoria y que, en todo caso, es tarea de la sociedad argentina encontrar los medios para controlar que el Estado cumpla bien las funciones asignadas.
Lo que sí sabemos es que, en actividades de fuerte concentración monopólica, como en otras grandes "fallas" de mercado, la participación del Estado puede muy bien ser parte de la solución de algunos de los grandes problemas económicos que nos aquejan.