"Hablar de embarazo adolescente implica necesariamente reconocer que se fallado en la educación sexual, que se ha llegado tarde a la anticoncepción y que se ha obstaculizado el derecho a la información. Con todas esas fallas se ha afectado el derecho al desarrollo humano y al plan de vida de cada adolescente", resalta Soledad Deza, abogada experta en Derecho de Familia.
Según la experta, la condición de vulnerabilidad propia de la edad afectada con esta problemática se agudiza en los sectores de bajos recursos económicos, produciéndose un fenómeno que la doctrina ha llamado "feminización de la pobreza" para referirse a situaciones de índole social que impactan en mayor medida en un grupo vulnerable de mujeres que, al margen de las limitaciones propias del género, se ven doblemente discriminadas también por la falta de recursos para el control de natalidad y regulación de la maternidad.
"El embarazo adolescente como fenómeno social no es un problema nuevo, aunque sí creciente", puntualiza la letrada, especialista en cuestiones de género.
"Hay que dejar en claro que Tucumán junto con Formosa, son las únicas dos provincias de Argentina que no adhirieron formalmente a la ley 26.573 de Salud Sexual y Procreación responsable. Como consecuencia de este vacío formal, los derechos sexuales y reproductivos para la franja etárea de niñas y adolescentes depende de un Programa implementado a nivel provincial. Por supuesto, esto no equivale a afirmar que la Provincia no incluye en su agenda institucional este tema, pero si da cuenta de que su implementación en la forma programática determina un curso de acción política tan voluntarista como fútil", resalta.
Según la abogada, no habrá progreso significativo mientras se conciba al embarazo adolescente como una problemática individual que responde a casos coyunturales y aislados centrados en políticas que reflejen valores familiares en lugar de concentrarse en las necesidades de la juventud.