El jueves, cuando la Legislatura aprobó el proyecto oficial para la concesión del ex Savoy, parlamentarios de la oposición cuestionaron los beneficios impositivos que recibirá la empresa Ivisa por manejar el hotel durante 50 años, a cambio de una inversión de $ 55 millones. El Colegio de Arquitectos de Tucumán también protestó, porque se estaba avanzando en un edificio que integra el Patrimonio Histórico de la Provincia sin haber consultado expertos. Esta vez, las críticas a la iniciativa alperovichista llegaron desde el Grupo Alberdi, que exigió la regularización de la conducción de la Caja Popular de Ahorros, propietaria del antiguo inmueble de calle Maipú y avenida Sarmiento.
"Desde hace unos 10 años, esa entidad autárquica de la provincia ha dejado de existir virtualmente, por carecer de las autoridades establecidas por la ley para su manejo", expresaron en una nota Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche, Climaco J. G. de la Peña, Elsa Moreno, Alfredo Bolsi y Ricardo Esteban Sanz. Y añadieron que la Ley Orgánica de la institución indica que la administración debe estar a cargo de un directorio designado por el PE con acuerdo del parlamento. "Pero, desde los dos últimos períodos y en el curso del actual gobierno, se encuentra en manos de un interventor designado por el gobernador, que actúa según sus instrucciones. Esto implica una corrupción institucional, que ha conducido, como era de esperarse, a una corrupción administrativa a secas", indicaron.
Además, criticaron que el Tribunal de Cuentas no controle las cifras millonarias que están a disposición de la CPA. "El PE difícilmente pueda justificar la intervención de la Caja Popular y del Subsidio de Salud", añadieron. Además, destacaron que, según las informaciones periodísticas, hubo violaciones en el contrato entre Ivisa y la CPA, además de otras "ventajas ilegales",